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Santiago Ángel viernes, 10 de septiembre de 2021

Dos representantes legales de las empresas de UT tienen lazos laborales en el Congreso de la República para asesoría jurídica financiera

Rafael Enrique Romero Payares, quien aparece en el registro mercantil como representante legal de Omega Buildings, tuvo un contrato por prestación de servicios con la Cámara de Representantes hasta el 16 de agosto para asesoría jurídica financiera. Karin Stefania Pupo Benito Revollo, exrepresentante legal suplente de ICM Ingenieros, trabajó hasta el inicio de la pandemia para la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Daira Galvis de Cambio Radical. Ambos terminaron relacionados con la licitación pública del Ministerio de las TIC por $1 billón para la Unión Temporal Centros Poblados y el cuestionado anticipo de $70.000 millones, con el entramado de las garantías bancarias presuntamente falsas.

El contrato de Romero Payares fue por $40 millones desde febrero hasta diciembre de 2021 pero, el contratista, a su vez representante legal de una empresa de infraestructura, decidió terminarlo de forma unilateral el 16 de agosto, días antes de que en la cámara baja se diera el debate de la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen.

Esa información fue confirmada por la propia oficina jurídica de la Cámara a La FM y La República. La senadora Galvis dijo que no sabía que Pupo Benito Revollo aparecía en documentos como representante de otra firma de infraestructura.

ICM Ingenieros es la empresa señalada de tener un nexo con el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por un escándalo de supuestos sobornos a concejales en Bogotá en 2015. Las empresas se encargaban, hasta la decisión de la caducidad de parte del MinTIC, de contratos para la construcción y reparación de vías en varios departamentos. Por lo menos en estos casos hay un camino que conduce a las dos empresas con relaciones políticas en el Congreso que hace control político a la ministra Abudinen, sin que hasta ahora haya mayores explicaciones. Fuentes del legislativo aseguraron a este diario que para esos contratos “siempre hay alguien que está detrás. Nadie tiene prestación de servicios sin estar recomendado”.

Otra de las empresas que conforma la UT ya había tenido problemas por controversias sobre documentos que fueron en su momento denunciados como supuestamente falsos. Intec de la Costa es representada por Hugo Armando Canabal Hoyos. En 2018, Intec tuvo un problema con un contrato para la reparación y construcción de vías en el municipio de San Jacinto de Bolívar por $10.627 millones. Entonces denunciaron que la empresa había presentado “certificación falsa y errada del representante legal y el supervisor fiscal al reportar paz y salvo en el pago de la seguridad social de algunos trabajadores”. Canabal Hoyos se defendió y las autoridades de Bolívar decidieron no ceder el contrato para ese momento.

En 2019 la misma compañía se presentó para participar en una licitación con la Unidad de Gestión del Riesgo con el fin de “mitigar y prevenir la erosión costera en la zona litoral en el distrito de Cartagena para ejecución del espolón 1 en la zona de ‘El laguito y Rompeolas 3’ en el centro histórico”. La Ungrd lo descartó por incumplir en el envío de documentos para verificar la experiencia previa de la compañía. Intec ha tenido contratos para infraestructura en Montería y con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural. También tuvo uno en Bogotá en la localidad de Usaquén para conservación de malla vial por $4.727 millones y ha estado en licitaciones con otros consorcios en Risaralda, Caldas y con el Ministerio de Educación.

Omega Buildings, por su parte, está registrada en Barranquilla y sus actividades son las obras de ingeniería y comercio al por mayor de materiales de construcción. El año pasado participó en el Consorcio Construcciones 2020 con el IDU para la conservación de la malla vial arterial en la ciudad de Bogotá por $17.696 millones divididos en dos grupos. Ganó esa contratación.

Se presentó a otra licitación con Fiduagraria en 2019 para la estructuración y construcción de proyectos de soluciones de vivienda de interés social rural, y Fiduagraria hizo una observación. “Omega Buildings no presenta en su certificado de existencia y representación legal, inscripción de revisor fiscal, por lo que deben aclarar esta situación aportando certificado, indicando las razones por las cuales no cuenta con revisor fiscal inscrito en el registro mercantil”.

También compitió en otro contrato para la recuperación de la estructura de vías del área metropolitana de Bucaramanga.

LOS CONTRASTES

  • Katherine MirandaRepresentante

    “Lo dije en la moción de censura y lo vuelvo a decir: no hay que ser un experto en contratación o en el sector de telecomunicaciones para darse cuenta del entramado detrás de Unión Temporal”.

La empresa ICM Ingenieros es clave. Su exrepresentante legal es Herles Ariza Becerra, señalado en el pasado de representar un holding que obtuvo bienes de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, extinguidos en su dominio a condenados por corrupción como los Nule. De hecho, la Contraloría lo investigó por acceder a procesos de liquidación en un número que sobrepasaba el permitido por la ley.

La relación de la empresa con el exgobernador Cruz pasa por Jorge Rozo Barragán, quien aparece como representante legal suplente. Fue denunciada en 2015 por tener supuestamente como socio al exgobernador Cruz y haber presuntamente sobornado a concejales y al director de la Unidad de Mantenimiento Vial para ganarse obras de repavimentación en Bogotá.

Una de las obras más importantes en las que ICM tiene parte hoy es la de la vía Vado Hondo - Labrazagrande entre Boyacá y Yopal por $137.000 millones. Fue adjudicada al consorcio “corredores viales 063” en donde está la compañía. Tiene otro contrato para una vía desde el Puente de Boyacá a Samacá por $13.473 millones y en Bogotá también fue contratada para obras en la avenida 153 con carrera 50 y en la Sirena entre la autopista Norte y la Av. Boyacá. Tienen estos contratos, además de uno en la vía Medellín- Quibdó por $117.631 millones en otro consorcio.

Niutelco o Funtic del bumangués Juan Carlos Cáceres, es la única empresa de la UT que tuvo experiencia en el sector TIC. La empresa tiene dos contratos vigentes con la CAR de Cundinamarca por más de $3.000 millones. Niutelco estuvo vinculada a un escándalo en la Gobernación de La Guajira por un contrato para el fortalecimiento de competencias en inglés a docentes y estudiantes por $11.825 millones, que terminó finalmente no materializándose por protestas que señalaban otras necesidades más apremiantes en la región.

Aparece en otro contrato estatal de 2019 en Barranquilla para mejorar la calidad educativa a través de la conectividad a internet en sedes educativas públicas por $ 2.169 millones. Además, NiuTelco tuvo varias denuncias que implican a la Gobernación de Norte de Santander desde 2018 por acaparar la contratación pública del departamento. Esta es la empresa que estaría investigada por los giros hacia Delaware.

Todos los contratos vigentes que tienen estas cuatro empresas quedaron detenidos con la decisión de la caducidad por ser una sanción que inhabilita a las empresas para continuar contratando con el Estado durante los próximos años. De las relaciones políticas de sus representantes legales con el Congreso aún no hay respuestas.

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