• Alejandra Rico Muñoz

martes, 21 de febrero de 2023

Corrupción, desigualdad y beneficios para algunos internos, son algunas de las fallas que presenta el sistema en la actualidad

El sistema penitenciario de Colombia tiene dos grandes regulaciones: la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario y después llegó la Ley 1709 de 2014, con la cual se hizo una gran reestructuración al sistema.

Aunque estas normas permiten que la estructura funcione, aún hay vacíos y problemas internos. Entre las falencias más comunes está la corrupción existente en diferentes instituciones del Estado. Es la idea de que las condiciones de vida en la prisión replican el sistema de la sociedad y que las condiciones de desigualdad facilitan que el poder político, económico o social se pueda poner a beneficio de algunos internos.

En cuanto al primer ítem, debe recordarse que Colombia se mantiene en el puesto 91 entre 180 países en el índice global de corrupción. Esto implica un amplio reconocimiento por parte de los colombianos de la crisis institucional de diversos organismos estatales. “Estos problemas de corrupción pueden extenderse a jueces o funcionarios encargados de las decisiones sobre los lugares de reclusión, lo que puede llevar a que personas con capital político, económico o social puedan, en algunas circunstancias, influir en las decisiones en esta materia”, dijo Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones del Consultorio Jurídico de la UniAndes.

La segunda razón para que ciertas personas experimenten privilegios es un asunto de seguridad y gobierno penitenciario. “Como ha sido mostrado ampliamente por diversos autores, las condiciones de vida en la prisión no hacen otra cosa que replicar las condiciones de vida de la sociedad”, añadió.

En el caso colombiano, una sociedad con altísimos índices de desigualdad y pobreza multidimensional genera una estratificación social que se replica en los lugares de encierro. Esta reproducción de la vida en el exterior se facilita, por ejemplo, cuando los funcionarios de la guardia penitenciaria -que son usualmente muy pocos para supervisar una enorme cantidad de personas- prefieren vigilar poblaciones con cierto grado de homogeneidad, por lo que suelen separar a las personas por tipo de delito, clase social, grado de escolaridad, entre otras.

“Hay que pensar en que la inversión en un concepto nuevo de estructura para tener verdaderos niveles de clasificación de seguridad y nuevos centros carcelarios es determinante. El hacinamiento se debe a factores que evidencian un número de espacios o de cupos para internos significativamente bajo en proporción con el crecimiento de la población”, explicó Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista.

Por último, Tamayo expuso que las infames condiciones de las prisiones en el país facilitan que el poder político, económico o social se pueda poner a beneficio de los internos.

En la medida en que el Estado no logra satisfacer las necesidades de la población privada de la libertad, se crea un mercado al interior de las cárceles para suplir los fallos institucionales. “Los sujetos que pueden ejercer algún tipo de poder son grandes beneficiarios de la crisis del sistema penal en la medida en que no solo acceden a mayores beneficios, sino que se lucran de la necesidad de otros internos para suplir sus necesidades”, concluyó el experto.

Otros vacíos u oportunidades de mejora se centrar en reorganizar los mecanismos alternativos a la prisión, para evitar que personas que cometen delitos de poca gravedad terminen en la cárcel. También es posible buscar reformar los mecanismos de reintegración al interior y el exterior de la prisión. “Esto implica el fortalecimiento de los programas de estudio y trabajo al interior de las cárceles, así como de las posibilidades de que las personas salgan, de manera temprana y condicionada”, dijo Fernando Tamayo.

¿Por qué una reforma?

Según el experto, la reforma busca retirar algunas de las restricciones existentes para acceder a los mecanismos sustitutivos de la prisión, y a los subrogados penales.

Esto es importante, ya que uno de los problemas que dejó la Ley 1709 de 2014 fue justamente dicho sistema de restricciones.

Estos objetivos están alineados con lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias estructurales sobre el Estado de Cosas Inconstitucionales de la prisión, que ordenan al Estado buscar mecanismos de castigo diferentes al encierro carcelario.

Sin embargo, Tamayo explicó que la actual reforma presenta serias falencias en cuanto a la sostenibilidad de la propuesta. Aunque la visión general de la reforma puede permitir mejorar en alguna medida las condiciones actuales del sistema penitenciario, es incierta la forma de ejecución de las propuestas.

“Así mismo, la reforma sigue sin regular las relaciones estatales referentes a las personas privadas de la libertad en su domicilio, a pesar de que es previsible que si se aprueba la reforma, en su redacción actual, habrá una tendencia creciente de esta forma de castigo”, añadió.

“Buscar otra reforma que no tenga claro el presupuesto de modernización y de inversión en programas de verdadera resocialización, en la construcción de nuevas cárceles y en la verdadera modernización de las actuales y en la fórmula para neutralizar las viejas y nocivas prácticas de quienes se resisten a contribuir al cambio, seguramente será otro esfuerzo inoperante”, señaló Navarrete.

Pocas son la veces que la liquidación de una entidad puede ser verdadera solución, pero en este caso sería una verdadera apuesta para poder un verdadero cambio, porque la ley no es suficiente sin el compromiso de quienes tienen que aplicarla y respetarla, concluyó.