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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co sábado, 14 de noviembre de 2020

Buscan el resarcimiento de los perjuicios causados, en concreto, por el MinCultura y el Distrito de Cartagena a inversionistas

El polémico edificio Aquarela del barrio Torices de Cartagena vivió ayer un nuevo capítulo cuando la Promotora Calle 47 SAS, la cual reúne a las firmas responsables de este proyecto habitacional construido a pocos metros del Castillo de San Felipe, instauró una demanda de reparación directa contra el Estado colombiano ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A través de esta, los constructores buscan el resarcimiento de los perjuicios causados, en concreto, por el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena a los diferentes inversionistas y compradores de vivienda de este proyecto habitacional.

“Se ha dado un sistemático desconocimiento de los derechos de desarrollo y construcción otorgados a través de las licencias urbanísticas legalmente adquiridas y graves daños morales y económicos a constructores, inversionistas y compradores de vivienda”, manifestó la Promotora Calle 47 SAS en un comunicado en el que aseguró que antes de tomar tal decisión se convocó sin éxito a una audiencia de conciliación.

De igual modo, aseguró que la cartera de Cultura ha difundido información “imprecisa, tendenciosa y errónea” para direccionar y presionar decisiones judiciales y administrativas que buscan suspender e inviabilizar el proyecto habitacional. Todo ello, según ella, condujo a la ausencia de un espacio de discusión efectiva y real.

Esto se da después de que el propio Gobierno anunciara posibles demandas del lado contrario. En específico, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez Alzate, señaló que se está estudiando en estos momentos esa posibilidad.

“Se está estudiando la posibilidad de una demanda por el perjuicio que puede estar causando la construcción de un edificio de esas características en ese punto. Ese es un precedente no solo para Cartagena sino para todo el país. Los bienes culturales se protegen por encima de todo tal como lo ordena la Constitución”, aseguró Gómez.

Hay que recordar que la Andje brinda asesoría legal a la Alcaldía de Cartagena en este polémico proyecto habitacional que ya se ha extendido por tres años y en octubre emitió un concepto jurídico en el que daba luz verde para demoler el edificio. Después de ello, el mandatario local, Willian Dau, aseguró que efectivamente lo tumbaría.

Entre las recomendaciones que daba tal concepto es que el edificio habitacional debía demolerse en su totalidad. Igualmente, la Andj indicaba que la constructora no aportó las condiciones de seguridad necesarias que garantizaran que no hubiera afectaciones en el proyecto.

No obstante, para los constructores tal concepto no es vinculante. “Derribar el edificio Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial que implica resarcir los daños contra los afectados”, manifestó en octubre el consorcio constructor del proyecto habitacional.

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