Miércoles, 22 de agosto de 2012

La construcción institucional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, durante los últimos cinco meses, ha sido un proceso colmado de retos y oportunidades.

Decantar políticas, acciones y líneas estratégicas para corto, mediano y largo plazo, ha sido nuestra principal prioridad.

El punto de partida fue la depuración de la información de la base actual de procesos judiciales, gracias a la cual se evidenció, por ejemplo, que de 199.600 procesos registrados, con un valor en pretensiones de $1.281 billones , 628 procesos concentran cerca del 93% valor total de todas las pretensiones; o que reclamaciones de tipo laboral, asimismo concentraban, más del 80% del número total de procesos judiciales. Allí ya existe una línea clara de acción que estamos implementando.

En relación con éstos procesos se debe determinar cuáles son las partes involucradas, qué y por qué se demanda al Estado, la estrategia de defensa de las entidades públicas, quién las defiende y el estado actual de los mismas, con el propósito de revisar la defensa del patrimonio público y de los intereses litigiosos de la Nación.

Ello nos ha llevado a intervenir ya en procesos emblemáticos para la defensa del Estado y de los recursos públicos.

De igual forma, la Agencia ha identificado conflictos recurrentes como las reclamaciones de indexación (IPC) de las asignaciones de retiro de la reserva de las fuerzas militares.

Son cerca de 70.000 conflictos, respecto de los cuales concretamos una estrategia de conciliación en la que hemos trabajado con los Ministerios de Hacienda y Defensa Nacional, las cajas CREMIL y CASUR, y la Procuraduría General de la Nación.

Allí, como en otros temas, el diálogo con las Altas Cortes ha sido abierto, frecuente y efectivo.

Para precisar políticas, estrategias y acciones en relación con estos pleitos multimillonarios, la Agencia tiene un Consejo Directivo y un Consejo Asesor integrado por funcionarios de primer nivel y expertos juristas, que vienen trabajando para garantizar un adecuado desarrollo y ejercicio de las tareas a cargo de la Entidad.

Es importante aclarar que ya son varias las acciones que hemos adelantado con base en las recomendaciones de ese Consejo Asesor, en dirección de las prioridades de las entidades públicas del orden nacional. La Agencia, desde el 15 de marzo del presente año, fecha de posesión de su Director, ha intervenido en diferentes frentes estratégicos; uno de ellos se inició hace dos meses con el análisis de la defensa jurídica del Estado, en relación con las reclamaciones que se hacen a la Rama Judicial y a la Fiscalía General por privación injusta de la libertad, y los procesos de reparación directa contra el Ministerio de Defensa. De la misma manera esperamos poner ya en marcha una política definida por el Consejo Asesor, en las decenas de miles de procesos contra el Seguro Social.

Nuestro interés esencial es crear una cultura ciudadana en relación con la defensa y protección de la legalidad, de los derechos y del patrimonio público. Esto debe convertirse en un vértice común entre la Agencia y la ciudadanía. Debemos siempre prevenir la ocurrencia del daño antijurídico, conciliar cuando ello sea posible y defender cuando sea necesario.
 

Fernando Carrillo

Director de la agencia  de defensa jurídica del estado