Los efectos no se hacen esperar

Tras seis meses y tres días de conocer el país la desastrosa decisión de la Corte Internacional de Justicia, en la que perdimos una gran porción del territorio colombiano, los efectos no se hicieron esperar a que aparezcan los responsables de la mutilación del país. En el editorial de este Diario se nos dio a conocer que la compañía Antillana cerró la planta de producción en San Andrés por la pérdida de territorio marítimo.

Este hecho desde cualquier punto de vista afecta a los habitantes de San Andrés, providencia y Santa Catalina en pérdida de empleo, sin contar con los tributos que se dejarán de pagar por esta actividad pesquera; pero estos son apenas efectos mínimos de lo que en realidad se nos escapó de las manos, ¿y qué ha pasado con los responsables en este caso? Nada, aun existiendo gravísimos señalamientos por parte de una persona que en determinadas ocasiones participó en los comités “informales” previos a la demanda e hizo parte del comité pos fallo, la situación sigue sin resolverse y al parecer ya se pasó la página en un país sin memoria.

El día viernes 4 de enero de 2013, el señor Juan Daniel Jaramillo Ortiz afirmó de manera categórica en artículo especial para el Diario El Tiempo titulado “Colombia - Nicaragua la verdad sobre la historia”, lo siguiente: al finalizar la administración del Presidente Ernesto Samper “Se tenía perfectamente claro el estado de la situación. Esto es, cual era nuestro estatus jurídico en el archipiélago, qué acciones jurídico-internacionales quedaban desaconsejadas y cómo se componía el abanico de alternativas que tenía a su disposición Colombia para enfrentar el desafuero legal de Managua”, pero no se detiene allí en sus aseveraciones, también argumenta que: “Es preciso decirlo: el margen de maniobra que disfrutaba Colombia en aquel momento era amplio. Buen número de estrategias jurídicas individuales o conjugadas aseguraban la integridad del Archipiélago”.

En artículo publicado en el Diario el Nuevo Siglo el día 6 de agosto de 2012, el señor Jaramillo Ortiz afirma que para él “resulta ingrato tener que rectificar continuamente, desde hace varios años, las aseveraciones inexactas de los agentes de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández de Soto. Es inaudito que deba ser un ciudadano del común -el autor de esta columna- quien se haya impuesto el deber de desmentir el torrente de informaciones contrarias a la realidad judicial difundidas por los dos altos funcionarios. Llegará la hora en que Colombia entienda las razones personales que tuvieron para hacerlo.” Las aseveraciones del señor Jaramillo, en las que insinúa falsedades, son de suma gravedad en tanto asegura que, además, “razones personales” primaron sobre el interés nacional y la defensa de la integridad de la nación; afirmaciones a las que no se les ha dado el trámite judicial que debieran, toda vez que según sus columnas y entrevistas estamos ante la presunta violación de los artículos 455 (menoscabo de la integridad nacional) y articulo 457 (traición diplomática) del código penal, ¿y la Fiscalía que ha hecho frente a estos señalamientos públicos y directos?.

En el citado artículo del Nuevo Siglo habla de conductas éticamente inaceptables atribuibles a abogados que dejaron el caso expósito, y más grave aún, tratándose de un cliente que es un país soberano en los siguientes términos: “Para Fernández de Soto, las gestiones ante la CIJ han sido producto dizque de un consenso originado por la Comisión Asesora que es constitucionalmente un cuerpo netamente consultivo y no decisorio, de los abogados asesores, del propio agente-abogado (Londoño Paredes) y muy cómodamente se han sentado en un sillón de atrás de un carro que otros han manejado. Cuando él ha sido con Londoño Paredes el inspirador de la anti-estrategia colombiana que ha merecido los reparos y la indignación de lo mejor del derecho internacional”. Es de anotar que de resultar ciertas las afirmaciones realizadas por el señor Juan Daniel Jaramillo Ortiz, evidentemente la pérdida surgida por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no es más que un daño y detrimento patrimonial del estado; estas conductas denunciadas por el Señor Jaramillo, deben ser tenidas en cuenta para efectos de mostrar la verdad en un país en el que es evidente su crisis.