Los retos jurídicos frente a la poca confianza que hay en el Gobierno Nacional

La responsabilidad del Estado frente a los errores, omisiones o deficiencias en la prestación de los servicios públicos sigue siendo uno de los principales retos jurídicos en Colombia. De acuerdo con el más reciente informe de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentran entre las principales causas de demandas contra el Estado, una situación que impacta la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Según Samuel Urueta Rojas, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, el Estado incurre en una falla del servicio cuando presta de manera tardía, defectuosa o simplemente omite un servicio público que está obligado a garantizar. Cuando esa actuación genera un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar, los afectados pueden acudir a la justicia para reclamar una reparación económica por los daños sufridos.

El mecanismo previsto para estos casos es la acción de reparación directa, mediante la cual cualquier ciudadano puede solicitar una indemnización ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Aunque la presentación de la demanda requiere el acompañamiento de un abogado, existen alternativas como los consultorios jurídicos universitarios y los mecanismos de amparo de pobreza para facilitar el acceso a la justicia de las personas con menos recursos.

El experto explicó que la responsabilidad estatal no depende necesariamente de la gravedad de la conducta de los funcionarios o entidades involucradas. “Desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual del Estado, la obligación de reparar los daños ocasionados por sus agentes no depende de la gravedad de la conducta desplegada por la administración, sino de la existencia de un daño antijurídico que la víctima no estaba en el deber jurídico de soportar”, señaló Urueta. Incluso, la jurisprudencia ha reconocido regímenes objetivos de responsabilidad en los que basta demostrar el daño y su relación con la actividad estatal.

El debate adquiere una nueva dimensión con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública. Para el académico, la utilización de algoritmos o sistemas automatizados no modifica los principios constitucionales de la responsabilidad estatal. “Cuando una decisión automatizada ocasiona un daño antijurídico a un ciudadano, el debate principal no debería centrarse en si el error fue cometido por una persona o por un algoritmo, sino en si dicho daño resulta jurídicamente imputable al Estado”, afirmó.

Frente a estos desafíos, los expertos coinciden en que la prevención del daño antijurídico pasa por fortalecer la capacitación de los servidores públicos y consolidar líneas jurisprudenciales claras y estables. De acuerdo con Urueta, una mayor claridad sobre los criterios que generan responsabilidad estatal permitiría reducir errores administrativos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.