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Legislación

Medellín pide a Defensoría evaluar a sus funcionarios por mural no autorizado

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante sus redes sociales solicitó a Iris Marín el inicio de una investigación

06 de julio de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, remitió un comunicado oficial a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, con el propósito de solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias dirigidas al personal de dicha entidad estatal.

La solicitud se basa en los hechos registrados el pasao sábado 4 de julio de en la intersección vial de la avenida Ferrocarril con San Juan, en la capital de Antioquia.

De acuerdo con la carta emitida por la administración municipal, un grupo de personas realizó la intervención de un puente vial para pintar un mural sin contar con las autorizaciones ni los permisos previos exigidos por el Distrito Especial de Medellín.

La alcaldía argumentó que esta acción formó una contravención a las normas vigentes de convivencia ciudadana y regulación del espacio público, contempladas en la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 010 de 2020.

El requerimiento detalla que en el lugar de los hechos se constató la presencia y el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes portaban prendas corporativas y emblemas de la institución. También, el informe de la alcaldía señala que de manera simultánea a la pintura del mural se distribuyeron volantes impresos que hacían alusión al aniversario número 50 de la declaración conocida como la Carta de Argel.

Ante esta situación, la administración local coordinó acciones con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para proceder a la cobertura de la superficie intervenida y restablecer el estado de la infraestructura afectada.

La alcaldía fundamentó su proceder en los precedentes judiciales y en los límites legales establecidos para las expresiones artísticas en el espacio público, argumentando la necesidad de prevenir mensajes vinculados a investigaciones penales.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó el recibo de la correspondencia a través de sus redes sociales y manifestó que el organismo a su cargo formulará la respuesta correspondiente conforme a los procedimientos institucionales. Además, la funcionaria propuso la realización de un encuentro presencial el martes siguiente para abordar la situación, al tiempo que reafirmó la función del organismo como institución mediadora y garante de las disposiciones constitucionales vigentes.

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