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Alexis Posso - aposso@larepublica.com.co miércoles, 5 de junio de 2019

Se presentó una querella ante la Audiencia Nacional argentina contra la estrella del balompié y su padre, Jorge Horacio Messi

Un cooperante argentino de nombre Federico Rettori, empleado de la fundación Leo Messi entre los años 2012 y 2015, presentó una querella ante la Audiencia Nacional argentina contra la estrella del balompié, su padre, Jorge Messi y contra la fundación que ambos llevan; esto por el manejo de la ONG del futbolista.

La denuncia va acompañada de distintas informaciones y varios documentos que desveló ABC, entre ellos el reporte de una transferencia de 300.000 dólares que una sociedad pantalla del futbolista cobró en Luxemburgo pese a ser ingresos de la ONG.

El juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional Argentino en lo Penal Económico número 8 de Buenos Aires, abrió una investigación en la que están imputado Leo Messi, su padre y otras personas por ocultamiento de activos y blanqueo. La querella presentada en la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca refiere a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales.

La denuncia consiste en que los ingresos “originalmente debían ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación”.

Rettori sostiene que los hechos deben investigarse también en España, ya que es donde opera y está registrada la Fundación Privada Leo Messi, en concreto en Barcelona. Esta ONG es la matriz de la delegación argentina, fundación que se puso en marcha en Rosario, localidad natal del futbolista, gracias al envío de 560.000 euros desde Barcelona en tres giros, uno de 60.000 y dos de 250.000 euros, tal y como reflejan los documentos de constitución de la delegación argentina, a los que tuvo acceso este diario.

Como ha desvelado ABC en distintas informaciones publicadas desde el año 2017, la Fundación Leo Messi ha firmado decenas de convenios con patrocinadores que no fueron declarados ni en España ni en Argentina. Es un mínimo de diez millones de euros en los últimos años, aunque fuentes consultadas por este diario sostienen que la cifra «es mucho mayor». Los ingresos recibidos por la fundación están exentos del pago de impuestos, pero deben destinarse a fines sociales. Los contratos no declarados escaparían a esta obligación, lo que supondría, según la denuncia, la comisión de varios delitos, entre ellos el de apropiación indebida.

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