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Juidicial

El ministro de Justicia evalúa denuncia por prevaricato contra el registrador Nacional

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, hizo estas declaraciones luego de que Hernán Penagos haya dicho que el futuro de la consulta depende de las altas cortes

18 de junio de 2025

Diego Alejandro Ospina Henao

dospina@larepublica.com.co

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo que evalúan denunciar por prevaricato al registrador nacional, Hernán Penagos, por su decisión de dejar en manos de las altas cortes la decisión sobre la consulta popular.

“El Registrador tiene una agenda política, no está actuando políticamente. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, que tiene línea de un posible prevaricato, porque no puede negarse al decreto del presidente. Parece que entró a formar parte de la oposición”, dijo Montealegre.

Además, dijo que, desde el ministerio, se evalúa en este momento la posibilidad de formular, en contra de Hernán Penagos, una denuncia penal por prevaricato, fundamentada en que el funcionario “se abstiene” de cumplir la orden del presidente.

Contexto

La Registraduría Nacional le pidió concepto a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, para que diga si el Gobierno cumplió los requisitos que exige la Constitución al momento de convocar una consulta popular.

La entidad remitió copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría General de la Nación y le hizo una solicitud a las altas cortes para que se pronuncien “ágil y oportunamente” de las diferentes demandas interpuestas en el proceso.

Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil, dijo que “es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por lo tanto, lo que procede, al no tener antecedentes recientes, lo pertinente es dejar en manos de las altas cortes para que decida si continuamos o no con los trámites de la consulta”.

Sin embargo, el concepto que solicitó la Registraduría no es de carácter vinculante, por lo que no determina si se hace o no la consulta popular, pero si le da luces al órgano electoral para saber cómo proceder.

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