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Valentina Acosta Fonseca jueves, 14 de enero de 2021

El órgano de control también suspendió a funcionarios de la Gobernación de Putumayo por las irregularidades en contrato del PAE

La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 20 años a la representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón, operador del Programa de Alimentación Escolar de Santander para la vigencia 2016, y la sancionó con multa de $4.319 millones, por actos de corrupción en contratos del PAE por más de $23.800 millones.

En un segundo fallo sobre las irregularidades en el Contrato 023 de 217, celebrado con la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, para el suministro del PAE, el ente de control sancionó con suspensión a dos secretarios de la Gobernación de Putumayo y el entonces jefe de la oficina de Contratación.

La Procuraduría impuso suspensión de 11 meses al entonces secretario de Educación del departamento y supervisor del contrato, Jorge Enrique Ferrín Dorado; de 10 meses a quien fungía para la época como secretario de Servicios Administrativos, con funciones de gobernador de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama (2017), y de 9 meses al exjefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.

Sanción a particular

En el caso del PAE Santander para la vigencia 2016, el órgano de control determinó la existencia de conductas penales relacionadas con falsedad material en documento público y privado, cometidas por la disciplinada cuando ejecutó el Contrato 601 del 21 de abril, suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes, lo que permitió que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159 millones, provenientes de recursos del Estado para operar el programa.

El contrato con la cooperativa tuvo dos adiciones, la primera del 21 de abril de 2016 por $6.706 millones, y la segunda por $5.216 millones.

Según el ente de control “se cometieron una serie de conductas con trascendencia disciplinaria, fiscal y penal para darle un manto de legalidad a la apropiación ilegal de dineros del PAE por terceros en su condición de operador del mismo […] que esa prestación corrupta del PAE, financiado con recursos públicos y cuyos beneficiarios son los niños y las niñas más vulnerables económicamente, es un atentado al modelo de desconcentración por colaboración que tanto la Constitución Política como la Ley 489 de 1998 previeron cuando, por ejemplo, en relación con un servicio o una prestación asistencial a cargo de los entes territoriales el operador privado del mismo desvía los recursos públicos para fines delictivos, ajenos al programa y beneficiando con ello intereses particulares”.

Para la Procuraduría la representante legal incurrió en falta disciplinaria como particular que cumple una función pública, porque con su conducta generó un detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños y niñas de Santander.

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