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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co miércoles, 6 de junio de 2012

En el evento del error judicial, el estudio sobre la antijuridicidad del daño adquiere una significativa relevancia.

Ya que no basta la simple constatación de una decisión judicial, adversa al demandante, sino que se hace necesario revisar con ocasión del estudio de este primer elemento (el daño) el contenido de la decisión, para efectos de verificar la ocurrencia o no del 'error' que se esboza entonces, como presupuesto necesario de la antijuridicidad del daño, para solo en caso de que ello se constate, pasar a revisar lo atinente a la imputación del mismo y la consecuente responsabilidad.

La demanda fue presentada el 18 de agosto de 1998 por Fermín Osario y en representación de sus hijos, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 dei C.C.A., con el objeto de que declare que La Nación- Rama Judicial, es administrativamente responsable por los daños causados al proferir fallo condenatorio contrario a la Ley, contra el mencionado.

Que se condene, como consecuencia de la anterior declaración a La Nación, al pago de la totalidad de perjuicios materiales (lucro cesante) ocasionados él y a sus hijos.

Persona natural
Uno de los declarantes narró lo que le comentó el occiso cuando llegó herido donde habitaba, de propiedad del declarante, diciendo que la lesión se la ocasionó el demandante, al cual describe que es de estatura normal, es trigueño, de 35 años, profesión pescador, desconocía su lugar de origen y vivía frente a su hogar en el corregimiento Provincia y expresó que esta en condiciones de reconocerlo fotográficamente, razón por la cual, el despacho le puso de presente la fotocopia de la mencionada cédula de ciudadanía, contestando: M No señor, ese no es.

Rama judicial
Manifestó que se opone a las pretensiones. 'Fuera de las razones de defensa esgrimidas al contestar los hechos de la demande Honorables Magistrados, considero que no hay lugar a indemnización por privación de la libertad porque si bien es cierto el artículo 242 del C. de P. P. prescribe o consagra las consecuencias que conlleva la decisión de exoneración de responsabilidad del acusado y entre ellos a solicitar responsabilidad del Estado, también es cierto, que ellas requieren no solo de un proceso, en este caso serfa el administrativo, sino de pruebas.

Hechos
Según acta de levantamiento practicada por el médico legista, el occiso presentaba una herida en el abdomen, parte baja lado izquierdo, producida por un arma corto punzante, tipo cuchillo de aproximadamente seis a ocho pulgadas. El Juzgado Promiscuo Municipal, asumió provisionalmente la indagación preliminar, ordenando la práctica de pruebas tendientes a establecer la real ocurrencia del hecho, la infracción penal y determinar la autoría.

Investigación
La investigación penal fue asumida por el entonces Juzgado Sexto de Instrucción Criminal de Bucaramanga a partir del 05 de Febrero de 1.991, ordenando recibir las declaraciones de varias personas y especialmente, oficiando a la Registraduría Municipal de Sabana de Torres y a la Registraduría, para que remitieran copia auténtica de tarjeta decadactilar del individuo demandante, a efectos de tener certeza sobre la identificación.

Fallo
Declárese administrativamente responsable a la Nación – concretamente a la Rama Judicial, por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta` de la libertad a la que fue sometido el ciudadano. CONDÉNASE a la Nación – concretamente a la Rama Judicial, a pagar al demandante $20`695.916 por concepto de lucro cesante. DENIÉGUESE las demás suplicas de la demanda.

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