Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Colprensa Jueves, 15 de septiembre de 2016

El organismo de control dispuso iniciar procesos de responsabilidad fiscal por $1.716 millones, correspondientes a prescripción de acciones de cobro, sumas liquidadas y pagadas en exceso por conceptos de nómina y pago de intereses por pagos laborales extemporáneos en las direcciones seccionales de administración judicial de Medellín, Cali y Barranquilla.

Así mismo, la CGR ordenó la apertura de indagaciones preliminares por $1.340 millones derivadas de dobles pagos de nómina y recobro incapacidades en las direcciones seccionales de administración judicial de Bucaramanga y Barranquilla. El informe señala que la gestión fiscal adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura, como ejecutor de los recursos asignados a la Rama Judicial, no pasó el examen de la Contraloría General de la República al auditar la vigencia 2015.

Deficiente manejo presupuestal

Para la CGR, la gestión del Consejo Superior de la Judicatura tuvo un concepto desfavorable en la vigencia 2015, pues persiste su incapacidad para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados a la Rama Judicial, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales. La auditoría señala que en el presupuesto de 2015 se aprobaron para esta entidad recursos de inversión por $342.015 millones. Sin embargo, ese monto se redujo $92.122 millones (27 %), con lo cual la apropiación definitiva pasó a ser de $249.893 millones.

Por falta de oportunidad en la aprobación de los planes de inversión y de gestión de las unidades ejecutoras del CSJ a cargo de los proyectos, resultaron $55.625 millones  en reserva presupuestal con lo cual, dice el informe, se excedieron los límites establecidos. En los Estados Financieros de la Judicatura a 31 de diciembre de 2015, la cuenta ‘Deudores No Tributarios’ presenta un saldo de $20,5 billones, correspondientes a cuentas por cobrar. Mientras el recaudo de multas para la vigencia 2015 fue de $5.616 millones, que comparado con la cartera depurada por prescripción de $5,5 billones solamente equivale a 0,1 %, “lo que deja clara evidencia de deficiencias en la gestión de jurisdicción coactiva de la entidad”, señala el informe.