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martes, 22 de septiembre de 2020

La juez considera que el proceso debe llevarse bajo la Ley 906 de 2004, sin embargo, pide al alto tribunal que determine su competencia

Hoy se reanudó a las 9:00 a.m. la audiencia del expresidente Álvaro Uribe, por presunto soborno a testigos y fraude procesal, ante la juez 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo.

En la diligencia, continuación de la citada el pasado 16 de septiembre, la juez estableció que lo primero que resolvería era el sistema penal bajo el cual debería continuar el proceso. Cabe recordar que el apoderado del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, había solicitado que la juez se declarara incompetente porque, bajo su interpretación, el proceso debía llevarse por la ley bajo la que había sido iniciado en la Corte Suprema de Justicia, la Ley 600 (que rige para los aforados), y que la renuncia del expresidente Uribe al Senado de la República no implicaba un cambio de sistema, sino solamente de investigador.

El concepto emitido por la juez, tras citar antecedentes jurídicos, es que el proceso debe llevarse bajo la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), como habían manifestado en la citación anterior el abogado del expresidente, Jaime Granados, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público.

Eso quiere decir que la funcionaria considera que mantiene su competencia para conocer actuaciones del proceso, entre ellas la solicitud de revocatoria de la medida privativa de la libertad elevada por su apoderado en la audiencia el pasado miércoles.

Pero la juez, tras emitir su postura, señaló que es la Corte Suprema de Justicia la que deberá determinar su competencia para conocer la libertad del exmandatario. Con esto, nuevamente la decisión sobre el proceso pasa al alto tribunal, que ya había determinado su propia pérdida de competencia para continuar el proceso, tras la pérdida del fuero que desencadenó por la renuncia del expresidente al Senado.

Así, la audiencia se suspendió hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre la competencia de la juez. Esto quiere decir que será el alto tribunal el que se pronuncie sobre cuál es el régimen penal bajo el que se deberá llevar el proceso, así como la competencia de la juez para decidir sobre la libertad del expresidente Uribe. Este, hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre el particular, seguirá privado de la libertad.

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