Otto Bula podría ser inhabilitado por 12 años

En el documento, la entidad  imputa al ganadero de dos delitos: cohecho por dar y ofrecer, y enriquecimiento ilícito de particulares. Según la ley, el primero de estos delitos podría provocarle una pena en prisión de tres a seis años, una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a ocho años. No obstante, con el incremento punitivo de la Ley 890 de 2004, el delito tiene una pena de cuatro a nueve años de cárcel e inhabilidad de seis a 12 años.

De igual forma, el enriquecimiento ilícito, según el artículo 237 del Código Penal, le podría acarrear una pena de seis a 10 años y una multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, aunque teniendo en cuenta la misma Ley 890, la condena subiría de ocho a 15 años.

Según explicó Christian Wolffhügel, doctor en derecho penal, en Colombia las penas no se suman aritméticamente, sino jurídicamente, es decir, que de ser encontrado culpable en ambos delitos, el juez individualiza la pena que corresponde a cada uno. Por un lado tasa la pena de cohecho y por otro, la de enriquecimiento ilícito. De ahí, toma la más alta y puede incrementarla, pero ese aumento no puede superar la suma de las dos penas.

De igual forma, Wolffhügel señaló que “si la Fiscalía presenta acusación, es porque está segura de que tiene cómo demostrar los delitos y tiene evidencias suficientes para que la persona sea condenada”.

Según el escrito del ente acusador, Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, declaró que la compañía había llegado a un acuerdo con Bula, quien ya está en prisión, de 1% del valor del otrosí, $900.000 millones, de la vía Ocaña-Gamarra, que hace parte del contrato de la Ruta del Sol tramo II. 

Por otra parte, Martorelli sostuvo que el exparlamentario estuvo encargado de hacer “lobby y visitar a funcionarios encargados de hacer la adjudicación del otrosí 3 y 6” de esta vía.

Un punto en el que hace énfasis el expresidente de la constructora es que Bula no estaba conforme con la suma acordada, ya que esperaba que se le reconociera más dinero, proveniente de peajes, operación y mantenimiento, de lo cual resultaría un pagó de US$10 millones, más del doble de US$4,6 millones que se cancelaron inicialmente.

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, la Unidad de Fiscales de Extinción de Dominio de la Fiscalía General, allanó 686 bienes de propiedad de Bula, con un valor de $53.000 millones que estaban ubicados en Cartagena, San Jacinto, Montería, Medellín, Lorica, Cereté, Montes de María y también en Bogotá.