Petro confirmó que dio la orden de bombardear al ELN, en un ataque que dejó siete fallecidos
El mandatario advirtió que no habrá acuerdos de paz con grupos que mantengan economías ilícitas. El ataque dejó a 7 fallecidos
12 de mayo de 2026
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El presidente Gustavo Petro confirmó la realización de un bombardeo aéreo dirigido contra el anillo de seguridad del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según el reporte oficial, el ataque tuvo lugar en una zona fronteriza y dejó como resultado la muerte de siete integrantes de la organización armada.
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La acción militar fue autorizada por la presidencia en el marco de una coordinación estratégica establecida con el gobierno de Venezuela. El mandatario señaló mediante su perfil de X, que los grupos armados que decidan persistir en el control de economías ilícitas y rechacen los procesos de desmantelamiento de dichas actividades no serán considerados parte de los diálogos de paz.
Esta postura define una línea divisoria entre las organizaciones con voluntad de negociación y aquellas que mantienen sus estructuras financieras criminales. El gobierno vinculó la continuidad de la ofensiva militar a la ausencia de compromisos reales por parte de los grupos irregulares.
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En cuanto al estado de las negociaciones, la administración nacional rechazó las afirmaciones sobre supuestos incumplimientos de acuerdos previos por parte del Estado. Petro sostuvo que la confianza en el proceso se vio afectada por las acciones violentas del ELN contra la población civil en la región del Catatumbo. Se enfatizó que la muerte sistemática de campesinos en dicho territorio constituye un factor determinante en la ruptura de la estabilidad de los acercamientos.
El presidente también cuestionó las declaraciones recientes de la fiscal general de la Nación respecto a la violencia en el Catatumbo. Petro descartó cualquier argumento que pretenda legitimar o explicar las agresiones contra civiles basándose en represalias entre grupos armados rivales.
El gobierno manifestó que los ataques contra familias y comunidades desarmadas no tienen justificación bajo ninguna circunstancia jurídica o política.
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La posición oficial reafirma que los delitos de lesa humanidad no pueden ser normalizados ni utilizados como moneda de cambio en el conflicto. La orden de bombardeo se presenta como una respuesta a la actividad criminal del ELN y a su falta de voluntad para avanzar en un desarme efectivo. La operación marca un punto de tensión en la política de paz total ante el incremento de las hostilidades en diversas zonas del país.
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