Petro ordenó al Ministerio de Salud y el de Hacienda liquidar las EPS sin solvencia económica
La instrucción surge tras el freno jurídico del Tribunal Administrativo de Antioquia a los traslados masivos de afiliados y oposiciones
17 de marzo de 2026
Durante el consejo de ministros del lunes 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que presenten insolvencia financiera. El mandatario fundamentó esta directriz en la ausencia de alternativas legales tras el archivo de la reforma a la salud en el Congreso de la República.
Tribunal suspendió el decreto que movilizaba a seis millones de usuarios a Nueva EPS
Según el Ejecutivo, la administración estatal retomará el trámite legislativo de una nueva propuesta normativa el próximo 20 de julio. La orden presidencial incluyó disposiciones específicas sobre la Nueva EPS, entidad en la cual el Estado colombiano posee 50% de la propiedad. El presidente señaló que, debido a esta participación accionaria, el Gobierno nacional asume la responsabilidad proporcional sobre las deudas acumuladas por la entidad desde su creación. Esta medida busca clarificar las obligaciones financieras del Estado frente al sistema de aseguramiento en salud actual.
Nuevo decreto del Gobierno ordena traslado masivo de usuarios hacia la Nueva EPS
El anuncio se produce en un contexto de tensiones jurídicas relacionadas con el Decreto 182 de 2026, el cual pretendía reorganizar el aseguramiento sanitario en los territorios y facilitar el traslado de aproximadamente 6,5 millones de usuarios entre distintas operadoras. Esta normativa fue objeto de un pronunciamiento reciente por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió temporalmente su aplicación mediante una medida cautelar de emergencia emitida el pasado 10 de marzo.
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La decisión del tribunal responde a la necesidad de analizar el impacto del decreto sobre los derechos colectivos y el acceso efectivo a los servicios de salud de la población. La instancia judicial argumentó que la medida preventiva busca evitar afectaciones a la integridad de la gestión pública y garantizar condiciones de libre competencia en el sector. Estas limitaciones jurídicas han condicionado la estrategia del Gobierno para redistribuir la carga de afiliados en el sistema.
Ante la imposibilidad de implementar la reorganización territorial vía decreto y la falta de consenso legislativo, el Gobierno ha optado por el cierre de las entidades que no cumplen con los estándares de permanencia financiera.
La liquidación de las EPS en quiebra representa el mecanismo técnico que la administración empleará mientras se estructura el nuevo proyecto de ley. Esta determinación marca el inicio de una fase de transición administrativa en el modelo de salud vigente en Colombia.
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