Petro y Hernández, dos procesos en contravía en la Procuraduría

Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, demoró 23 días hábiles para resolver las recusaciones presentadas por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y confirmar el fallo sancionatorio en su contra, otro caso de similar envergadura espera todavía por el fallo final.

Se trata del proceso disciplinario contra el superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa. El fallo de primera instancia se conoció 11 días antes del castigo al burgomaestre, pero a más de dos meses todavía espera porque se resuelvan los recursos de reposición y apelación.

Contactado por LR, Hernández se limitó a responder que su defensa ya presentó el recurso de reposición y se aguarda a que la Procuraduría evalúe los argumentos y las pruebas entregadas. “No se sabe en qué momento vayan a contestar”, dijo el Superfinanciero, quien al igual que Petro se mantiene en su cargo. “Aquí estamos trabajando todos muy tranquilos”.

Al exasesor del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría le abrió en junio del año pasado una investigación por posibles fallas que llevaron a la quiebra de la comisionista de bolsa Interbolsa.

Según la investigación, Hernández Correa no habría tomado “las medidas preventivas tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público”, pese a conocerse desde 2011 la posible manipulación de las acciones de Fabricato por parte de la firma corredora de bolsa.

La sanción al Superintendente fue la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer durante 12 años funciones públicas.

Al alcalde Petro, el procurador Ordóñez lo responsabiliza de errores administrativos en la implementación del nuevo modelo de aseo de la capital. (Ver antecedentes).

“Control es selectivo”
Para los especialistas consultados por este medio, el paralelo entre los procesos a Petro y Hernández refleja que la Procuraduría no mide con el mismo rasero a los investigados.

El argumento principal para tal acusación es el mismo Código Disciplinario Único del organismo. En el artículo 171, sobre el trámite de segunda instancia, señala que “el funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso”. “Y si lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso al término para proferir el fallo se ampliara hasta otro tanto”.

Con base en lo anterior, el ministerio público tardó menos de ese plazo para resolver los recursos interpuestos por el alcalde Petro y sus abogados. Incluso, en menos de 24 horas rechazó una tercera recusación contra Ordóñez y luego emitió su fallo de segunda instancia. Y en el caso de Hernández, solo en días hábiles han transcurrido casi 50.

El abogado Jaime Araujo Rentería asegura que está demostrado que el procurador Ordóñez utiliza su poder electiva y discrecionalmente.

“Mientras a unos los investiga rápido y expeditamente, porque son de ideología distinta, a los que son de su ideología o del Gobierno no los investiga o se demora”, sostiene el expresidente de la Corte Constitucional.

Y agrega que los términos establecidos no son cumplidos por el jefe del ministerio público. “El Procurador tiene como 30 denuncias en la Corte Suprema de Justicia, que es la misma que lo ternó para ser reelegido. Y para lo disciplinario y penal, su superior es esta misma, lo cual es muy grave”.

Manuel Quinche Ramírez, docente de la Universidad del Rosario, cree que en la Procuraduría se hace control disciplinario selectivo. “Significa que aunque se tiene la misma facultad otorgada por la Constitución de investigar y sancionar por faltas disciplinarias, la Procuraduría viola la igualdad en el trato jurídico”.

Las opiniones

Manuel Quinche
Profesor de derecho constitucional
“Las investigaciones de la Procuraduría han sido muy rápidas en contra de personas de la oposición políticia, pero muy lentas cuando el proceso se lleva en contra de militares o funcionarios que pertenezcan a los sectores tradicionales del poder”.

Jaime Araújo Rentería
Exmagistrado de la Corte Constitucional
“El procurador Ordóñez estaba habilitado para investigar a los Nule, pero pasaron varios años y no lo hizo sino hasta después que yo se lo dije, porque ellos como empresarios privados cometieron delitos de funcionarios públicos”.