Colprensa Jueves, 18 de mayo de 2017

Las organizaciones señalan que hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos. En ese sentido, se explicó que si la CPI acepta investigar el caso, será la primera vez que actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar tales crímenes.

En su comunicación ante la CPI, la coalición de grupos locales e internacionales de derechos humanos utilizaron documentos internos de Chiquita, para rastrear la forma y los montos que se habrían entregado por los ejecutivos a los paramilitares entre 1997 y 2004.

La comunicación incluye un apéndice sellado y confidencial que identifica por nombre a catorce altos empleados, directivos y miembros de la junta directiva de Chiquita, quienes de acuerdo con la coalición, deben ser el foco de atención de la Fiscalía de la CPI.

“Los ejecutivos que supervisaron el financiamiento de paramilitares no deben poder sentarse tranquilamente en sus casas en los Estados Unidos como si no hubieran hecho nada malo”, dijo un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien presentó una carta a la CPI sobre cómo la violencia paramilitar les afectó personalmente.

“Solicitamos que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita”, agregó Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Para las organizaciones, este documento llega en un momento crítico para Colombia, pues se empezó a implementar el acuerdo de paz con las FARC.