Colprensa
miércoles, 24 de enero de 2024
El exalto funcionario del Departamento de Prosperidad Social mencionó en la audiencia de ayer que las acusaciones en su contra son todo un montaje
Pierre Eugenio García Jacquier, quien era alto funcionario del Departamento Prosperidad Social (DPS), declaró que es inocente y que es víctima de falsos testimonios y testigos.
Estas declaraciones las dio de acuerdo a la relación con el presunto hecho de corrupción al que está vinculado.
En la audiencia de solicitud de medida aseguramiento en su contra, manifestó: "es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción por miles de millones de pesos cuando las pruebas dejan claro que no se perdió un solo peso".
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social agregó que: "Gustavo Petro, sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado, el mismo Presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía",
La Fiscalía lo acusa de ser el principal vínculo en el caso de corrupción y de hacer parte de un entramado criminal junto a los senadores Carlos Fernando Motoa, Miguel Barreto y Ciro Ramírez, quienes aparentemente tenían subgrupos de operaciones ilícitas para dirigir la contratación pública.
En diciembre de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos por presuntamente direccionar 28 contratos, esto en el marco de la existencia de un grupo delincuencial integrado por un senador, funcionarios, particulares y contratistas, que direccionaban procesos de contratación entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío.
"Se acreditó que el señor García Jacquier, al parecer, se reunió con congresista y el entonces gerente de ‘Proyecta Quindío’ (Pablo César Herrera), quienes presuntamente le indicaron los contratistas y municipios con los que se debían contratar los proyectos definidos en el contrato interadministrativo.", señaló la Fiscalía.
En el material probatorio se muestra que uno de los contratos que orientó de forma irregular entre el DPS y Proyecta Quindío era por $48.660 millones. Y por la ayuda ilegal, García pudo haber recibido $1.000 millones.
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