Poder de la Procuraduría, en tela de juicio tras ‘Caso de Alejandro Ordóñez’

El caso de Alejandro Ordóñez, que ha puesto en el centro de la discusión nacional el tema de la reelección en estos cargos de los organismos del Estado, ahora tiene un nuevo matiz y según expertos ya empieza a tomar fuerza la idea de reducirle el poder al cargo, esto, independientemente de lo que pase con el actual funcionario.

Fijar el tiempo de ejercicio y hacer de las destituciones un tema más riguroso, serían las prioridades.

Según Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana, con toda la controversia que ha despertado este caso en los últimos días, una de las primeras tareas que tendrá el Congreso será definir el tema de ‘poder’ que tiene el cargo público hasta la fecha.

“Pensaría que se empezará a legislar, primero para que en la Constitución quede explícito que en la Procuraduría ningún funcionario podrá permanecer más de cuatro años y segundo se implementará una mayor vigilancia sobre las decisiones que se pueden o no, tomar frente a las conducta de los servidores públicos, elegidos por voto popular. Es decir el sucesor de Ordóñez, deberá apegarse mas al código disciplinario y revaluar el tema de las destituciones por suspensiones o sanciones más ajustadas a las que se han dado en los últimos cinco años”.

Todo parece indicar que la imagen de ‘intocable’ de la que gozaba el Procurador hasta hace unos meses ya no solo tambalea por cuenta de la destitución que le está ‘respirando en la nuca’, sino porque su papel se vería completamente mermado, si se ratificara en el cargo. Cosa que aún estaría considerando Ordóñez, que ayer en cabeza de su abogado Miguel González, colocó una recusación con la que se pretende que los magistrados Alberto Yepes y Lucy Bermúdez queden impedidos de participar en la decisión final sobre la demanda al acto administrativo que nombró al implicado como líder de dicha organización.

El recurso, explica Echeverry se habría utilizado para alargarle la estancia por unos días al servidor público en la Procuraduría, y le habría resultado ya que en la tarde de ayer se conoció que a petición de Alberto Yepes la Sección Quinta del Consejo de Estado aplazó para el próximo jueves la sala en la que se discutiría el futuro del servidor. Manuel Quinche, constitucionalista de la Universidad del Rosario, considera una ‘mala decisión’ la lucha de Ordóñez por aferrarse al puesto.

De acuerdo con en el experto, en el segundo periodo de su función a Ordóñez se le ha visto más disminuido, esto “como consecuencia del pleito con Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, quien pese a la destitución impuesta por el procurador, recuperó su cargo, debido a la orden que el Tribunal Superior de Bogotá, le dio al presidente de la República, Juan Manuel Santos, de acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió al primer mandatario de la capital colombiana.

Otra ‘bofetada’, la recibió con el fallo del Consejo de Estado el pasado mes de marzo, con el caso del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, al que la Corporación le habría dado ‘tiquete’ de regreso a la arena política pese a la destitución e inhabilidad por 12 años que habría recaído sobre él, después de que Ordóñez determinará la participación del paisa en participación política.

Pese a que al funcionario parece no gustarle el sabor a ‘derrota’, expertos coinciden en que su salida sería lo mejor que le podría suceder porque su ejercicio restante sería ‘lamentable’.

Mauricio Jaramillo Hassir, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, asegura que haber creado una agenda política propia para la organización marcada por temas personales como la autanasia, el aborto y ‘legislar con la biblia’ debajo del brazo, le estaría pasando la factura no solo a él, sino también al cargo. “Para nadie es un secreto que se encuentra secuestrado por el poder del procurador y por los abusos que este ha cometido en su función. El cargo está ávido de cambios estructurales”.

¿Caso jurídico o político?
Aunque todo parece indicar que la demanda tiene sustento en la falta que se habría cometido al ejecutar una reelección que no tiene sustento en la Constitución, hay quienes también creen que la persecución contra Alejandro Ordóñez es política. Así lo señaló Frederic Masse, docente de ciencias políticas de la Universidad Externado, quien ve poca transparencia y desorden en el caso.

Las Opinones

Carlos Andrés Echeverry
Docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana
“Pensaría que el nuevo Congreso empezará a legislar, primero para que en la Constitución quede explícito que en la Procuraduría ningún funcionario podrá permanecer más de cuatro años y también para reducirle poder al cargo”.

Manuel Quinche
Constitucionalista de la universidad del Rosario
“La imagen de Alejandro Ordóñez está muy disminuida por cuenta de los reversazos que ha enfrentado en algunas destituciones como la del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. También por su fundamentalísimo cristiano”.