miércoles, 15 de mayo de 2019
Fiscalía archivó la denuncia sobre interceptaciones ilegales
En una declaración conjunta entre las tres presidentas de las altas cortes (Consejo de Estado, JEP y Corte Constitucional) se dejó al descubierto una tensión que se viene generando alrededor del poder judicial.
La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, leyó un comunicado en el que afirmó que afirmó que las altas cortes “continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena”.
Las magistradas dijeron que “la confianza pública en las instituciones, la integridad moral de los jueces y la independencia son fundamentales para la convivencia”. Finalizado esto, dijeron que las decisiones que se tomen en estas instancias responderán a criterios científicos y no se forjarán con prejuicios ni favoritismos.
En rueda de prensa, la presidenta de la Corte Constitucional aseguró que se generó un ambiente de tensión: “considero que no son situaciones particulares, sino que se han producido en un ambiente complicado”. También dijo que esto no es un problema de visas para los magistrados, sino que se está construyendo un contexto de presión general.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares aseguró que estos últimos acontecimientos no generarán ningún tipo de desequilibrio en las decisiones que se tomen en el caso de Jesús Santrich. También dijo que la sentencia que se tome frente a la situación jurídica del exlider guerrillero se realizará conforme a derecho y las determinaciones que se establecieron en el Acuerdo de Paz.
El mensaje final de la alocución que dieron las magistradas es que continuarán realizando decisiones sin presiones.
La postura del Gobierno
El problema con la polémica que se desató con la suspensión de los visados fue la creación de un contexto de presión internacional y de tensión entre las relaciones de Estados Unidos y Colombia. El Gobierno respaldó la determinación de los estados unidos y afirmó que esta correspondía a su plena autonomía de control fronterizo y política migratoria.
El canciller Carlos Holmes Trujillo afirmó que esta situación no debe entenderse como un caso de presión a las Cortes. En rueda de prensa dijo que el gobierno “no ha ejercido, ni ejerce y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el poder judicial en el caso que hoy se trata ni en ningún otro caso”. Pese a esto, dijo que el tema de las drogas ilícitas requiere cooperación entre Estados Unidos y Colombia.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación descartó las denuncias que hicieron los magistrados sobre interceptaciones ilegales.
Fabio Espitia, Coordinador de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia dijo que “No existen ni han existido interceptaciones ilegales a Magistrados de la Corte Constitucional. Esto se confirmó a través (...) de la verificación con operadores de telefonía celular”.
Visiones críticas
Este cruce de declaraciones generó un ambiente de polarización sobre la independencia.
El exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla defendió la autonomía del gobierno estadounidense y aseguró que hay algunas sentencias de las cortes que se han cargado con ideología contraria a las políticas de Estados Unidos.
Mientras que David Murillo, miembro del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, dijo que esta situación generó un precedente peligroso para la autonomía judicial, que debe ser defendido por la ciudadanía.
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