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Valentina Acosta Fonseca viernes, 29 de enero de 2021

En Inside LR el consejero para la Estabilización aseguró que el Gobierno destinó $10 billones a la implementación de la paz por año

Tras la histórica decisión por parte de la JEP, de acusar a ocho exjefes de las Farc por secuestro, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que por razones éticas, deberían retirarse de su papel como legisladores , sin que ello afecte la curul del partido ahora denominado Comunes. Además, presentó lo que viene por parte del Gobierno en la implementación de los acuerdos de paz.

Queremos empezar con el documento que presentó la JEP en la que imputa a excombatientes de las Farc en el tema de secuestros ¿qué espera el Gobierno de esa imputación?

Es una circunstancia histórica, estamos viendo finalmente que estas decisiones se están empezando a tomar. Para el país y las expectativas de las víctimas, es relevante. Yo identificaría primero la absoluta y total respeto a la independencia de las decisiones de la justicia y sin ningún ánimo de interferir de ninguna manera, un primer tema importante es el cambio de denominación que no es superfluo, es un cambio que va al fondo y núcleo de algunas de las preocupaciones que habían manifestado las víctimas, este caso que llega a la etapa procesal del escrito de hechos y conductas va a continuar de aquí en adelante referido a toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

A estos ocho excomandantes se les esta imputando un delito que eventualmente podría ser de lesa humanidad, lo cual para los futuros desarrollos será muy relevante, adicionalmente la JEP ya mencionó que se trata de un comportamiento de gran escala y además, que desde el inicio de las actividades de las extintas Farc, era parte de su funcionamiento.

Nosotros lo que tenemos son las expectativas de todos los colombianos y es que todos estos procesos lleven a que se cumplan los parámetros que están contemplados que son de justicia, verdad y no repetición.

¿Qué sigue ahora?

Estamos en un momento muy importante porque este esquema de justicia transicional tiene un esquema diferente a la justicia a la que estamos acostumbrados y es una justicia que está dentro de un proceso de paz, por eso la justicia, verdad y no repetición, son tan importantes a los otros componentes.

En diez días, cada uno de los ocho imputados deberá decir si acepta las imputaciones que se les están haciendo y eso será determinante porque si eso ocurre, serán acreedores de las sanciones propias o si no ocurriera de esa manera, el proceso sigue un camino distinto en cuanto a las sanciones eventualmente podrían hacerse acreedores estos dirigentes.

¿Los imputados deberían apartarse del Congreso?

Cuando la Corte Constitucional analizó la Ley, indicó que no se había previsto un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y fue la Corte la que señaló que si la sanción que se imponía no era incompatible con la presencia de las personas en el congreso, el hecho de que se sancionaran no implicaba una inhabilidad como congresistas, lo que sucedería es que si la sanción incluye un desplazamiento y no pueda ir al Congreso y cumplir con sus obligaciones, pero en sí misma no lo obligaría a irse del Congreso.

Lo que ha sido la visión del gobierno del presidente Duque, es que nosotros creemos que por ética y respeto a las victimas es que, si una persona es condenada por un delito y más si fuera como en este caso, de lesa humanidad, nosotros no crememos que ese individuo no debería mantenerse en el Congreso, sin que eso signifique que el partido pierda la curul.

Pero, para que no haya mal interpretaciones, esa no es una pretensión legal del gobierno, es solo lo que considerábamos y así lo hemos considerado desde siempre.

LOS CONTRASTES

  • Iván Duque MárquezPresidente de la República de Colombia

    “En virtud de la Constitución y el derecho internacional, es un deber indeclinable del pais que haya sanciones proporcionales a delitos como el secuestro y no revictimizar a los afectados”.

Muchas han sido las críticas acerca de la independencia y efectividad de la JEP, ¿esta es una demostración de un equilibrio que se está logrando en el Proceso de Paz?

Cuando se firmó el acuerdo, se firmó por parte del presidente Santos como jefe de Estado; el presidente duque es un hombre de derechos y principios y por eso hemos venido cumpliendo en todos los frentes. Tenemos que en este acuerdo hay unas garantías jurídicas y políticas para darle espacio político a quienes antes trataban de imponer sus ideas matando y violentando a colombianos, tenemos toda la política de paz con legalidad donde se están aplicando cada uno de los aspectos previstos, o porque le debamos nada a las Farc sino porque es la oportunidad de resolver temas que el país debió resolver hace décadas

Con las legítimas expectativas que los colombianos y el Gobierno ha tenido es que efectivamente se tomen las decisiones que corresponden y por eso hemos mantenido ese respeto a las decisiones judiciales y se ha visto traducido en un esfuerzo fiscal muy significativo para que en ningún momento la JEP ni otros componentes, como la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, tengan restricciones presupuestales que otros órganos del gobierno si hemos tenido.

Pasemos al tema del Plan Marco de Implementación, queremos conocer con exactitud ¿cuál es su porcentaje de cumplimiento en este momento frente a las metas establecidas?

Algunas de las mediciones que se hacen, se dan con información insuficientes y llevan a malinterpretaciones. Recordemos que este es un plan cuya mayor virtud es que está previsto para cumplirse en 15 años, es decir que hay una oportunidad de lograr unas transformaciones realmente profundas, de la manera como ha vivido el país gracias a las orientaciones del presidente

Hay unas obligaciones que eran muy importantes pero que se cumplen en tiempos muy cortos.

Es diferente la entrega de armas a la estabilización de los 170 municipios afectados por la violencia y la pobreza. En ese frente tenemos que esos 1700 municipios son launa tercera parte del país que hemos tenido abandonados durante décadas. Ese plan si está pensado a 15 años, en ese plan está la decisión está, los recursos están.

Tenemos ahora casi $5 billones que se están invirtiendo en esas regiones y con el adelanto de las regalías tendremos otros $4 billones el próximo año. Tener $9 billones para esos municipios es el equivalente de los ingresos que ellos tendrían de libre disposición por los próximos 45 años.

En materia de víctimas, obtuvimos la renovación de la Ley de Víctimas por diez años más, es decir que para cumplirle a esos nueve millones de colombianos vamos a tener el tiempo que se necesita.

Hoy en día tenemos el presupuesto mas grande que ha tenido nunca el país para las víctimas, con $1 billón para el 2021.

En materia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, tenemos 400 mil colombianos que le hemos arrancado al narcotráfico y están decididos en el proceso de sustitución.

Los 13 mil excombatientes y sus familias, nos da una población de alrededor de 50 mil personas, eso es una población intermedia en Colombia que hoy en día tiene 98% de cobertura financiera, 85% están en salud, más del 85% están en pensiones, logramos abrir para ellos 2000 empresas para ellas el año pasado y mantenemos los apoyos con el 90% del salario mínimo y todo el sistema de salud especial, alimentos, etc. Y finalmente está el gran capítulo de desarrollo rural integral.

En este momento recibimos dos de los planes sectoriales, nosotros estamos a dos de los que se prevé cumplir. Tenemos todos los frentes de vías de energía, de acueducto, de alcantarillado, de educación, salud y atención a los niños, los programas más agresivos para cumplirle a esa ruralidad den todo el país entonces. Entonces medir el porcentaje con una sola cifra sería muy difícil porque hay varios frentes. Lo que si estamos haciendo es dejarlos cimientos y las ejecutoras más poderosas que nunca ha habido para que se aproveche durante dos años.

¿Las 2.000 empresas son creadas por excombatientes?

Son creadas por los excombatientes gracias a que conseguimos los recursos y con la cooperación internacional. También tenemos un contrato con Innpulsa para que los apoye en su proceso de formulación.

Tenemos prácticamente de todos los sectores y la razón por la que los tenemos en todos los sectores, es porque muy al comienzo del Gobierno hicimos un censo y supimos dónde estaba cada excombatiente y supimos sus expectativas.

La oferta que hacemos es directamente para ellos, eso implica a quienes están en los antiguos Espacios Territoriales, entonces tenemos de agricultura, de ganadería, de ganadería doble propósito, restaurantes, empresas editoriales, muchos proyectos de turismo muy lindos, otros que son agroindustriales, hay todo el espectro.

Uno de los cuestionamientos que se ha hecho es que pareciera que no hay recursos para la paz ¿qué tan cierto es y si la pandemia del covid-19 ha afectado esa inyección de dinero?

Cuando se critica a este Gobierno porque no hay recursos para la paz, lo que están haciendo, de buena fe, es comprarnos con un ejercicio que se hizo de ‘Fantasía presupuestaria’.

El Gobierno anterior firmó los acuerdos e hizo un montón de promesas y generó un montón de expectativas y, en un ejercicio teórico dijo, para poder cumplir con esto, se necesitarían tantos billones durante los próximos 20 años. Pero firmar un acuerdo y hacer un ejercicio de esos, no produce ni un peso, si eso produjera recursos lo que estaríamos haciendo sería estar firmando papeles y Colombia sería un país rico.

Entonces lo que hemos venido haciendo nosotros, a parte de la planeación lograr los recursos, vincular a todo el mundo, es ir consiguiendo los recursos para lograr todas las transformaciones que se incluyen en el plan de Paz con Legalidad.

Hemos ido focalizando recursos como las regalías, el 7% de regalías que van para los Pdets. A parte de eso hemos trabajado con la cooperación internacional para que alinee sus recursos a las prioridades del gobierno. Hemos introducido y depurado algunos instrumentos como el de como obras por impuestos, que permite que privados participen en la colaboración de distintos programas.

Luego, la respuesta hoy en día es que en todos los campos, estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes que implican que hemos pasado de $9 billones a casi $11 billones este año, en esos recursos, solamente del PGN. Obviamente este es un trabajo previsto 15 años tiene que continuarse en los siguientes dos gobiernos.

Yo creo que salimos muy bien librados del covid, porque el Gobierno, el ministro carrasquilla, el director de Planeación Nacional, estamos muy conscientes de que independientemente que tenemos que hacer todos los trabajos para sacar adelante al país de la pandemia, en estos esfuerzos que estamos haciendo, estamos logrando unas transformaciones de largo plazo y por ese los recursos no debían desviarse para la atención a la pandemia.

Este 2021 vamos a tener el presupuesto más alto en el programa de agricultura y el 80% son programas de implementación de los acuerdos de la política de paz con legalidad.

¿De cuánto ha sido el aporte del Gobierno Duque a la paz?

En el PGN lo que está rotulado como paz, es más de $10 billones cada año, eso daría unos $30 billones. A eso habría que sumarle los esfuerzos que hemos hecho en obras por impuestos, tenemos alrededor de 250 mil millones cada año, a eso habría que adicionarle los esfuerzos que estamos haciendo con la ley de regalías y mencioné que estamos terminando el año posiblemente, con por lo menos con $8 billones en esa dirección.

A eso habría que sumarle el esfuerzo que estamos haciendo para focalizar los recursos de la cooperación internacional y esta multiplicidad de fuentes siempre se contempló.

En la fantasía presupuestaria que describí, desde este momento se contemplaba que la implementación de los acuerdos necesitaría recursos de la nación, internacional y el sector privado.

¿Qué tanto ha aportado Estados Unidos para apoyar y sacar adelante el programa de Paz con legalidad y qué otros países han aportado?

Los colombianos somos muy exigentes y a veces no dimensionamos suficientemente lo que estamos logrando en esta implementación. Colombia es el caso de mostrar para la humanidad, es un caso de éxito que es reconocido por parte de todos.

Hay muy pocos temas en los cuales el consejo de seguridad de la ONU está unánime, estuvimos atendiendo una invitación de parte del parlamento europeo y la UE ratificó que quiere seguir trabajando con nosotros. Además de todos los países de la UE que se traduce en el fondo europeo para la paz, ahí están presentes Reino Unido, Ucrania, Chile, tenemos un apoyo muy significativo por parte de muchos de esos países de manera bilateral, Noruega, Suecia, Alemania, y debo estar pasando por alto varios.

En el caso de los Estados Unidos, muy recientemente empezando el trabajo, estuve en Washington tanto con el Gobierno como la agencia Usaid el apoyo que dan prácticamente se dobló para comenzar esta administración y la gran mayoría de ello va directamente a programas específicos de la implementación de nuestra paz con Legalidad

Según el embajador de Estados Unidos en Colombia, se tiene cuantificado que se han invertido US$1 billón en estos 30 meses.

Resaltaría que para el año 2021 el apoyo mas grande era del fondo europeo y ese se esta haciendo como un apoyo presupuestario, eso quiere decir que ellos incluyen ese presupuesto en la agencia de reincorporación, en los planes de desarrollo con enfoque territorial prácticamente todos los cooperantes están trabajando en alguno de los pilares

Agradecimiento estos aportes, una de las fortalezas del proceso colombiano, es que no depende desproporcionadamente de la cooperación internacional, depender mucho de la cooperación internacional hace que el programa estuviera expuesto a vicisitudes.

Esto que ocurre con la pandemia es buen ejemplo, y es que siendo que la composición de la financiación es 80 – 20, siendo la mayor parte del Gobierno; no va a tener un efecto en la continuidad de todo lo que estamos haciendo.

Cuando se habla de la afectación por covid-19, ¿a qué se refiere?

Tuvimos que salir obviamente a cuidar a nuestras poblaciones de la implementación. En el caso de los excombatientes pues tanto en los Espacios Territoriales, como fuera, fortaleciendo la capacidad de reacción y consiguiendo los kits de protección para que tuvieran unos mecanismos especiales de protección con la gente que está en sustitución de cultivos, recordemos con son 100 mil familias, entonces organizar los protocolos para no suspender los apoyos y salir adelante. Obtuvimos el diseño dentro de salud rural, fortalecer la prevención en ese caso el fondo multidonante, se alineó y tuvimos unos US$5 millones para fortalecer la capacidad de las UCI.

No hubo riesgo en la continuidad de los programas, pero si requirió esfuerzos por parte de las agencias y de nuestra gente.

¿Cuánto dinero cree que se debe invertir en vías terciarias para apoyar estos esfuerzos?

En el caso de las vías terciarias, presentaría esto en dos niveles: primero lo que estamos haciendo en los Planes de Desarrollo con enfoque territorial y segundo lo que se está haciendo en cumplimiento de la política de Paz con Legalidad por fuera de los municipios Pdet.

En los municipios Pdet tenemos de una parte la planeación que, liderados por el Invías, que trabaja con el Ministerio y todo el sector, hoy en día tenemos identificadas para cada una de esas 16 regiones el 100% de las vías que tenemos que construir dentro de los próximos 15 años.

Después de esa identificación necesitamos lograr una concurrencia de fuentes de financiación, esa comenzó hace dos años cuando en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos que lo que vendría de regalías, $500 mil millones, se irían a la construcción de vías terciarias y está proyectado para el adelanto de las regalías que vamos a tener, estaría alrededor de un billón y medio al término del 2021.

En obras por impuestos una parte muy importante se ha ido a vías, y hay unas muy importantes donde los departamentos también están haciendo parte del esfuerzo fiscal.

Una parte importante de este programa es el acceso y la distribución de la tierra, ¿cuántas personas se han beneficiado y cuál es la meta al cierre del gobierno del presidente Duque?

La meta la estamos superando. Ahí hay dos indicadores uno es el banco de tierras para ver cuánta tierra se incluye para ser distribuida y segundo cuánta tierra va a ser efectivamente distribuida.

En cuanto hace al banco d tierras la meta es en 15 años, llegar a tres millones de hectáreas, en 30 meses ya llegamos a un millón de hectáreas, es decir el 30% de la meta de 15 años, se logró en 30 meses.

En cuando a distribución debería ser de siete millones de hectáreas en 15 años, y ya estamos logrando superar las 700 mil hectáreas, eso durante este año se verá sustancialmente mejorado gracias aun programa en particular a un proyecto que tenemos con los europeos, de grandes baldíos que serían en si mismos 300 mil hectáreas.

¿Cuántos proyectos se tienen en aprobación y cuántos en ejecución a través del mecanismo Ocad Paz?

El Ocad Paz es la instancia donde se toman decisiones respecto del 7% de las regalías, en ese instrumento logramos focalizar para el cumplimiento de las iniciativas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, eso quiere decir que ese 7% a partir de la reforma legal no está dedicado a cualquier cosa que se llame paz, sino a la financiación específica de alguna de las 32 mil iniciativas que nos formularon las comunidades, ese cambio se dio como en marzo del 2019, entre marzo del 2019 y finales de 2020, logramos la aprobación e la totalidad de los $2 billones que se tenían y hemos ido más allá, atentos a que íbamos a contar con el adelanto de las regalías, tenemos viabilizados proyectos por más de $1,5 billones y se darán las aprobaciones para comenzar esos proyectos comenzando este año.

Varios organismos han alertado sobre la muerte de excombatiente de las Farc y ante eso la JEP les dio un plazo de 20 días para adoptar e implementar el plan de seguridad ¿Ya lo tienen listo?

La seguridad de los excombatientes que están en proceso de reincorporaciones una prioridad del Gobierno es una prioridad de todas las entidades que tienen responsabilidad y seguridad sobre los colombianos, obvio que un plan para protegerlos no estaba esperando ninguna instrucción, nosotros atendiendo las directrices del presidente Duque, llevamos más de un año y medio en que tenemos una mesa interinstitucional, esa mesa se coordina por parte de la Consejería de Estabilización y tiene como participes a todas las entidades que son responsables de seguridad. Hay está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, Policía las élites de inteligencia, la Unidad Especial de la Fiscalía, están todas las entidades que tienen responsabilidad de seguridad.

Desde esa época hemos adoptado más de 40 medidas especiales para proteger a los excombatientes y esas medidas van desde las más preventivas como capacitaciones para que no haya estigmatización, hasta las medidas más fuertes, como tener el cartel de los más buscados donde tenemos a los 30 cabecillas de las bandas de hampones que han estado atacado a los excombatientes, un protocolo de reacción rápida que nos ha permitido sacar personas amenazadas del Cauca, del Chocó, del Pacífico, del Catatumbo, tenemos mas o menos tres mil excombatientes que están siguiendo su proceso de reincorporación en los 24 espacios, ahí tenemos un batallón del ejército y la policía dando seguridad, esos son 200 hombres protegiendo cada uno de esos espacios.

En Colombia existe un policía para cada 500 colombianos, entre policía y ejército tenemos un miembro de la fuerza pública por cada 16 excombatientes y tenemos en la UNP, la unidad que da los esquemas de seguridad, una mesa especial para excombatientes compuesta por analistas y hemos dispuesto más de 250 mecanismos de protección que cubren a más de 300 de ellos, la Fiscalía tiene una Unidad de Investigación, que es 50% más efectiva que el promedio de la entidad.

El hecho de que la JEP haya hecho un análisis de lo que hubiéramos revisado, para mi es motivo de no de preocupación sino de satisfacción en el sentido que necesitamos más cabezas pensando para que esto salga mejor, pero no hay tal que no se hubiera implementado un plan en espera de la formalización del plan, entonces obvio que yo soy juicioso, atento, respetuoso, obediente y una vez que nos dieron esa orden un trabajo que veníamos haciendo en conjunto con el componente Farc volví a remitirlo a la mesa para revisar y formalizar estas medidas.

Otro de los frentes que han tenido críticas es la lucha contra el narcotráfico ¿cuáles metas quiere cumplir el Gobierno en esta materia para 2021?

El programa de sustitución voluntaria ha logrado sustituir 50 mil hectáreas, tenemos aún con los esfuerzos que estamos teniendo vamos a incluir dentro del programa del Catatumbo otras 1.200 familias. Estamos trabajando incesantemente y eso ha implicado que, ahora estamos territorializando las estrategias, tenemos estas estrategias macro o como lo llamo ‘Hechas a la medida’ que consiste ir a los territorios para ver las expectativas que tienen los campesinos que tienen en la región y creo que tenemos proyectos de esos con prácticamente todos los gobernadores en donde están las mayores concentraciones de coca.

Varios organismos han alertado sobre la muerte de excombatiente de las Farc y ante eso la JEP les dio un plazo de 20 días para adoptar e implementar el plan de seguridad ¿Ya lo tienen listo?

La seguridad de los excombatientes que están en proceso de reincorporaciones una prioridad del Gobierno es una prioridad de todas las entidades que tienen responsabilidad y seguridad sobre los colombianos, obvio que un plan para protegerlos no estaba esperando ninguna instrucción, nosotros atendiendo las directrices del presidente Duque, llevamos más de un año y medio en que tenemos una mesa interinstitucional, esa mesa se coordina por parte de la Consejería de Estabilización y tiene como participes a todas las entidades que son responsables de seguridad. Hay está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, Policía las élites de inteligencia, la Unidad Especial de la Fiscalía, están todas las entidades que tienen responsabilidad de seguridad.

Desde esa época hemos adoptado más de 40 medidas especiales para proteger a los excombatientes y esas medidas van desde las más preventivas como capacitaciones para que no haya estigmatización, hasta las medidas más fuertes, como tener el cartel de los más buscados donde tenemos a los 30 cabecillas de las bandas de hampones que han estado atacado a los excombatientes, un protocolo de reacción rápida que nos ha permitido sacar personas amenazadas del Cauca, del Chocó, del Pacífico, del Catatumbo, tenemos mas o menos tres mil excombatientes que están siguiendo su proceso de reincorporación en los 24 espacios, ahí tenemos un batallón del ejército y la policía dando seguridad, esos son 200 hombres protegiendo cada uno de esos espacios.

En Colombia existe un policía para cada 500 colombianos, entre policía y ejército tenemos un miembro de la fuerza pública por cada 16 excombatientes y tenemos en la UNP, la unidad que da los esquemas de seguridad, una mesa especial para excombatientes compuesta por analistas y hemos dispuesto más de 250 mecanismos de protección que cubren a más de 300 de ellos, la Fiscalía tiene una Unidad de Investigación, que es 50% más efectiva que el promedio de la entidad.

El hecho de que la JEP haya hecho un análisis de lo que hubiéramos revisado, para mi es motivo de no de preocupación sino de satisfacción en el sentido que necesitamos más cabezas pensando para que esto salga mejor, pero no hay tal que no se hubiera implementado un plan en espera de la formalización del plan, entonces obvio que yo soy juicioso, atento, respetuoso, obediente y una vez que nos dieron esa orden un trabajo que veníamos haciendo en conjunto con el componente Farc volví a remitirlo a la mesa para revisar y formalizar estas medidas.

Otro de los frentes que han tenido críticas es la lucha contra el narcotráfico ¿cuáles metas quiere cumplir el Gobierno en esta materia para 2021?

El programa de sustitución voluntaria ha logrado sustituir 50 mil hectáreas, tenemos aún con los esfuerzos que estamos teniendo vamos a incluir dentro del programa del Catatumbo otras 1.200 familias. Estamos trabajando incesantemente y eso ha implicado que, ahora estamos territorializando las estrategias, tenemos estas estrategias macro o como lo llamo ‘Hechas a la medida’ que consiste ir a los territorios para ver las expectativas que tienen los campesinos que tienen en la región y creo que tenemos proyectos de esos con prácticamente todos los gobernadores en donde están las mayores concentraciones de coca.

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