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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co lunes, 4 de febrero de 2013

La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, presentó su balance de 2012 con una calificación positiva.

No obstante, reveló que a pesar de ganar el caso del Incora (Incoder), todavía existen procesos cuyas pretensiones ascienden a $205 billones. Además, informó que los casos más costosos en la actualidad tienen que ver con la poca vigilancia de las entidades a las ‘pirámides’.

¿Cuál es el balance de 2012 en la defensa jurídica del Estado?
De manera concreta, frente a resultados de procesos relevantes, el balance es positivo porque el proceso más cuantioso, cuyas pretensiones eran en torno a $908.316.361.445.222 (indexados), que correspondía al denominado Caso Durango, adelantado en contra la Nación, terminó exitosamente.

Por otra parte, en materia de defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue proferida la sentencia del caso Santo Domingo, en la que ese Tribunal le da por primera vez un espaldarazo a nuestra justicia interna.

¿Después del caso contra el antiguo Incora, qué otros fueron relevantes para el Estado?
Son 25 los procesos en contra del Estado más relevantes por su cuantía y que acumulan más del 30% del valor total de las pretensiones. Entre ellos, los procesos instaurados por las personas que se dejaron engañar con las denominadas “pirámides”. La mayoría se encuentran aún en curso y corresponden a acciones de grupo, en su mayoría en contra de diferentes entidades oficiales, como la Superfinanciera, la Supersociedades, Fiscalía, Dian, Ministerios y también contra de entidades territoriales.

Al 30 de noviembre de 2012 cursaban 812 procesos cuya causa de la demanda o hechos están relacionados con el fenómeno de las “pirámides” y cuyas pretensiones totales ascienden a $54.6 billones, que indexados a 2012 equivalen a $59 billones.

¿Cuántas demandas existen en contra de la Nación y cuánto representa?
A 30 de diciembre de 2012, se tenían registradas 231.982 procesos contra entidades territoriales. Se estima que el valor de las pretensiones asciende a $205 billones.

¿Qué expectativas tiene para este año?
Esperamos impactar los puntos de producción de daño antijurídico que han derivado en demandas contra el Estado con el fin de disminuir su número e incidir en aspectos como el problema de privación injusta de la libertad.

¿Cuáles son los casos más importantes que saldrán este año?
Las acciones que se han entablado por el tema de las “pirámides” son procesos importantes, dada la cuantía de las pretensiones, sin embargo, no es posible determinar con precisión cuáles de ellas este año culminarán.

En el escenario interamericano, los casos que serán resueltos este año por la Corte Interamericana, y que son de gran trascendencia son, primero, la muerte de Marino López y el desplazamiento forzado de las comunidades del Urabá Chocoano, además, el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

¿Existen fechas en las que se conocerán decisiones?
Las sentencias sobre los casos Operación Génesis y Palacio de Justicia no tienen fecha estimada. La audiencia del primero de los casos se celebrará los días 11 y 12 de febrero del presente año y posiblemente la del Palacio de Justicia se realizará entre el 13 al 31 de mayo de 2013. Sin embargo, aún no se conoce en qué periodo de sesiones se dictarán las respectivas sentencias.

¿Cuál es el caso más costoso que enfrenta la Agencia?
La demanda más costosa que a la fecha afronta la Nación, está en cabeza de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya pretensión asciende a $6.549.162.000, la cual se encuentra en etapa de contestación y proposición de excepciones, en primera instancia y se ubica en el Juzgado 2 Administrativo de Florencia. El demandante es una persona natural que argumenta presuntos perjuicios ocasionados a los accionantes por falla del servicio por omisión del deber de vigilancia de la entidad demandada, refiriéndose de manera específica al tema de captadoras ilegales de dinero. Desde el mes de octubre de 2012, se identificaron los 25 procesos más cuantiosos que afronta el Estado, de ellos 15 corresponden a demandas instauradas por el tema de las “pirámides”.

También se encuentra una acción de grupo en la que se demandó al Ministerio de Minas y al Ministerio de Hacienda en conjunto con ISA, por los procesos de emisión y colocación de acciones que ha surtido esta empresa en los últimos años, cuya cuantía estimada por el demandante es del orden de $5.6 billones. Existe otra acción de grupo entablada a raíz de la contaminación del Río Bogotá, que está por el orden de $4.5 billones.

Y existe una acción de reparación directa instaurada en contra de la Superindustria, con ocasión de las tarifas de las llamadas desde teléfonos fijos a móviles, que tiene una pretensión estimada por el demandante de aproximadamente $4.8 billones.

¿Cómo considera que fue la defensa de Colombia en el caso contra Nicaragua?
En dado caso de que llegara a calificarse de errada la actuación de Colombia frente a la Corte de La Haya en sus diferentes etapas, lo cierto es que lo sucedido debe servir para aprender de experiencias pasadas y quizá para realizar un debate político sobre las actuaciones realizadas. Sin embargo, lo relevante y práctico en este momento es concretar una adecuada estrategia para atemperar los efectos reales y actuales del fallo.

¿Colombia tiene posibilidades jurídicas ante esta decisión?
Honestamente creo que sí. Lo que no puede nadie asegurar es en qué medida se materializan tales posibilidades.

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