Guillermo Andrés Rodriguez Lunes, 16 de diciembre de 2013

Luego de cerca de un año de la más reciente crisis de basuras que tuviese Bogotá, por cuenta de la decisión de la administración capitalina de quitar el “cartel” de las basuras, como lo denominó el burgomaestre en cientos de encuentros públicos, el máximo “juez natural” en asuntos disciplinarios de todo servidor público del país, tomó una de las decisiones más “espinosas” y controvertidas en el último año. Petro decidió por su propia voluntad, libre de apremio alguno, de “quitarle” el negocio a los “carteles” de las basuras, así denomina el servicio que prestaban unos privados en la capital; eso lo materializó desde junio del 2012, lo que derivó en un caos en Bogotá, pérdidas económicas cuantiosas, y por supuesto la decisión del procurador de destituir del cargo al Alcalde e inhabilitarlo por escasos quince años. 

La actuación del procurador se motivó por cientos de miles de quejas, ciudadanos afectados por la crisis que se generó en la ciudad durante los días 18,19 y 20 de diciembre de 2012. Cerca de 10.000 toneladas de basura se dejaron de recoger en la ciudad, la Contraloría Distrital se había sumado a las quejas antes de que Bogotá fuera un muladar, a ello se sumaron entidades como: la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Procuraduría Delegada para la Prevención de la Función Pública, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y el Ministerio de Medio Ambiente. 

En medio de la crisis, muchas más quejas vinieron, pues era inevitable ver como la ciudad estaba atestada de basura, compactadores de segunda, que incluso llegaron averiados a Bogotá. A todas las quejas se sumaron las de decenas de concejales, el Defensor del Pueblo y las múltiples denuncias de cientos de medios de comunicación, en las cuales se evidenciaba el estado de la ciudad y de los compactadores “adquiridos” a cualquier título. Por parte de la Administración Distrital con los recursos de los Bogotanos; por cuenta de esto y más, fue mérito suficiente para que la procuraduría general tomara cartas en el asunto.

Las competencias constitucionales y legales, que envisten al máximo “juez natural” en asuntos disciplinarios en Colombia, le da plenas competencias a ese ente llamado Procuraduría General de la Nación para que inicie actuación disciplinaria, investigue, y tome decisión sobre la “gestión” de los funcionarios públicos, entre ellos: alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, superintendentes, diputados, entre otros; la línea de decisión de este “juez” en asuntos disciplinarios ha sido polémica pues en cinco años ha sancionado a cerca de 840 alcaldes, 630 concejales, 49 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 2 alcaldes de Bogotá. 

Dentro de la investigación a Petro, se le escuchó en versión libre, se le brindaron todas las garantías procesales y constitucionales, se le garantizó su derecho a la defensa y contradicción; como resultado del procedimiento y las pruebas practicadas en el mismo, se logró establecer que al “Alcalde” había que imputársele tres faltas disciplinarias gravísimas, relacionadas con la implementación del servicio de aseo, se probó que Petro de manera voluntaria, consiente y libre, ordenó que se le asignara la prestación del servicio de aseo a entidades sin experiencia, conocimiento y capacidad, (aguas capital y acueducto de Bogotá).

Con el decreto 564 de 2012, vulneró los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues con el restringió que solo las dos empresas bajo su control y mando podrían prestar el servicio de aseo, él sabía que era irregular su actuación pues varias entidades le advirtieron ello, autorizó también el servicio de aseo con vehículos volquetas. La corte constitucional le ordenó incluir a la población recicladora, pero nunca que adoptara otro modelo de aseo, tampoco que actuara por fuera de la ley, mucho menos que “mal gastara” $120.000 millones de los Bogotanos.