Presidencia detalla razones jurídicas para revocar la gestoría de paz a Salvatore Mancuso
La medida responde al cumplimiento del marco legal y a la previa suspensión cautelar ordenada por el Consejo de Estado sobre el nombramiento
26 de septiembre de 2026
El Gobierno Nacional, a través de su vocero Miller Soto, presentó precisiones adicionales sobre la decisión de revocar la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Aunque la medida se dio a conocer públicamente el 22 de septiembre, las autoridades ampliaron el detalle de los argumentos jurídicos e institucionales que motivaron la expedición del acto administrativo.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 429 del 21 de septiembre de 2026, suscrita por el presidente Abelardo De la Espriella. El documento oficial dispuso la cancelación inmediata de la condición otorgada al exjefe paramilitar e instruyó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para efectuar las notificaciones pertinentes ante las instancias correspondientes.
Mancuso había obtenido dicha función durante la administración del expresidente Gustavo Petro a través de la Resolución 244 de agosto de 2023. En el marco de la política de Paz Total, la designación buscaba vincular su experiencia e información a los procesos orientados al desarme colectivo de organizaciones al margen de la ley.
Entre las consideraciones expuestas por el Ejecutivo se encuentra un pronunciamiento del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2026. En esa fecha, la alta corporación suspendió de forma cautelar el nombramiento de 2023 al advertir deficiencias en la delimitación del marco temporal, la adscripción geográfica y la definición precisa de las labores encomendadas a Mancuso.
Además, el tribunal administrativo fundamentó que la potestad presidencial en materia de orden público debe alinearse estrictamente con los preceptos constitucionales, la legislación vigente y las garantías a los derechos de las víctimas.
Como consecuencia, el Gobierno sustentó la revocatoria en el ejercicio de las atribuciones directivas de la política de paz amparadas por la Constitución, la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022.
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