miércoles, 27 de julio de 2016
Cabe recordar que Pretelt es investigado tras conocerse que le habría pedido $500 millones al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para fallar a favor de una tutela que había interpuesto para evitar que Fidupetrol se librara de un pago de $22.500 millones al departamento de Casanare por manejos irregulares de regalías.
De acuerdo con Juan Manuel Charria Segura, constitucionalista de la Universidad Javeriana, si Pretelt pierde el juicio político en el Congreso de la República será separado de su cargo al levantarle el fuero especial del que goza y el expediente del caso será transmitido a la Corte Suprema de Justicia, quien será la encargada por medio de su Sala de Casación Penal de investigar y sancionar las conductas penales del magistrado.
Por su parte, Augusto Ibáñez, abogado experto en derecho penal, manifestó que aunque para establecer una pena concreta los jueces del caso deberán tener en cuenta diversos elementos, algo que sí es claro es que según la Ley 190 de 1995, el servidor público que sea culpable de concusión deberá pagar hasta ocho años de cárcel; siendo cuatro años la pena más baja”, expresó Ibáñez. Y agregó, que, sumado a la pena privativa de la libertad, el sentenciado pagaría una multa de entre 50 y 100 smmlv y no podría ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.
Según el artículo 21 de la Ley en mención, un funcionario público cae en concusión, cuando “abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero.
Para Ibáñez, más allá de la cantidad de años que podría pagar Pretelt, lo importante del caso es que se daría un suceso nunca antes visto. “Además, de que ha sido el único caso de un magistrado de las altas cortes que ha sido aprobado para llegar a ser juzgado por el Senado; sería también, el primer caso en el que la Sala de Casación de la Corte Suprema, penalice penalmente a un alto magistrado”, explicó Ibáñez.
A favor
La única carta que tiene Pretelt para salvarse es la ponencia de José Obdulio Gaviria, integrante de la Comisión de Instrucción encarga de revisar el caso del magistrado, pues según se estableció, Gaviria pidió la nulidad del caso del magistrado al señalar que hubo violaciones al debido proceso en el transcurso de la investigación y acusación.
Las opiniones
Augusto ibáñez
Abogado experto en Derecho Penal
“Aunque para establecer una pena concreta, los jueces deben tener en cuenta ciertos elementos. Lo que sí es cierto es que por concusión un servidor público debe pagar entre cuatro y ocho años de prisión”
Juan Manuel Charria Segura
Constitucionalista de la Universidad Javeriana
“Si el Senado declara a Pretelt como indigno político, éste será relevado de su cargo y el expediente del caso será transmitido a la Corte Suprema de Justicia para que investigue y sancione conductas penales”.
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