Procuraduría abrió investigación en contrato de cámaras de seguridad en Bogotá
De las 200 cámaras contratadas en total, únicamente se han instalado 50, apenas 25% de lo acordado por la Secretaría Distrital de Seguridad
07 de julio de 2025
En medio de los debates en torno a la inseguridad de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación dio apertura a indagación previa en el contrato SCJ-1904-2023 por $14.300 millones, por presuntas irregularidades en su periodo de cumplimiento.
Dicho contrato, suscrito por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tiene como objeto la instalación de cámaras de videoviligancia tipo LPR, utilizadas para el reconocimiento automático de más de 50.000 placas vehiculares al día, para reforzar la infraestructura de seguridad y combatir problemáticas en materia de criminalidad y vigilancia urbana.
El alcalde Carlos Fernando Galán dijo en enero de 2024, que el total de las LPR entrarían en operación durante el primer semestre del año; sin embargo, un año después no se ha dado cumplimiento. Según reporta la entidad, el avance físico del contrato ha sido de 68,5% y la ejecución presupuestal ha sido de 50%. De las 200 cámaras contratadas en total, únicamente se han instalado 50, apenas 25% de lo acordado.
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Entre las faltas que motivan el inicio de la investigación se encuentran tres prórrogas y tres suspensiones sin ningún soporte presupuestal, la sustitución de la interventoría por una supervisión interna de la misma Secretaría sin respaldo técnico, la presencia de fallas técnicas y planeación deficiente para solucionarlas y una serie de controversias contractuales por más de $2.000 millones.
Con la indagación se pretende evaluar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y, con base en eso, establecer a los responsables. "La Procuraduría General reitera su compromiso con el control preventivo y disciplinario en la transparencia de la ejecución de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana", afirmó la entidad.
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