Procuraduría alertó por demoras en procesos de restablecimiento de derechos en el Icbf
Bogotá concentra el mayor número de procesos con permanencias injustificadas o sin actualización en el Sistema de Información Misional, SIM, con 7.963 casos
19 de mayo de 2026
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La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por las demoras en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, situación que mantiene a miles de niñas, niños y adolescentes por largos periodos dentro del sistema de protección, sin que se resuelva su situación jurídica ni se garantice su retorno al hogar o el acceso a una familia mediante adopción.
Según el ente de control, la información recopilada durante 2025 evidenció fallas institucionales relacionadas con demoras en la resolución de los procesos, falta de personal en las defensorías de familia y limitaciones en hogares de paso y centros de emergencia. Además, identificó casos en los que los expedientes no avanzan conforme a los términos legales y tampoco son remitidos a las autoridades judiciales competentes, prolongando la incertidumbre de los menores de edad.
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La Procuraduría señaló que Bogotá concentra el mayor número de procesos con permanencias injustificadas o sin actualización en el Sistema de Información Misional, SIM, con 7.963 casos, seguida por Valle del Cauca con 4.594 y Antioquia con 1.401. Asimismo, el órgano de control detectó 1.411 procesos iniciados en 2023 con presunta alta permanencia, de los cuales 1.082 continúan en verificación.
Ante este panorama, los procuradores judiciales de familia pusieron en marcha un plan nacional de intervención para acelerar las respuestas institucionales. La estrategia contempla requerimientos a las regionales del Icbf para resolver los casos pendientes, depurar la información registrada en el SIM y trasladar los expedientes a los juzgados de familia cuando los defensores pierdan competencia. La entidad también advirtió que podría iniciar actuaciones disciplinarias por incumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1878 de 2018.
La Procuraduría recordó que la Ley 1878 fijó un plazo improrrogable de seis meses para definir la situación jurídica de un menor desde el momento en que se conoce una presunta vulneración de derechos, y estableció un máximo de 18 meses para culminar el proceso administrativo. Sin embargo, durante visitas realizadas en Medellín, el ente de control encontró casos de niños y adolescentes que llevaban entre dos y cuatro años bajo medidas de protección sin una solución definitiva sobre su situación familiar o de adoptabilidad.
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Actualmente, el Icbf atiende cerca de 1,7 millones de menores de edad en programas de protección, nutrición y primera infancia, y mantiene activos 21.197 procesos de restablecimiento de derechos. Entre enero y septiembre de 2025, la entidad abrió 15.853 procesos relacionados con violencia sexual, de los cuales 85% corresponde a niñas. Paralelamente, el sistema de adopciones reportó 692 adopciones en lo corrido del año y 450 familias, entre nacionales e internacionales, a la espera de brindar un hogar a un menor.
La Procuraduría insistió en que los términos legales no son opcionales y reiteró que su incumplimiento podría derivar en investigaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.
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