Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Sábado, 8 de diciembre de 2012

La Procuraduría General de la Nación apeló la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá por medio de la cual Guillermo León Rodríguez Morales, socio de la empresa Consultores y Asesores R&B, investigado por el millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), fue condenado a la pena principal de 127 meses y 18 días de prisión y multa de 5.115 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

De acuerdo con la sentencia, el condenado, quien se allanó a los cargos imputados, hacía parte de una organización criminal que desarrollaba y ejecutaba actividades ilícitas con ánimo de permanencia, en un tiempo que se enmarca desde el año 2008 hasta julio de 2011, logrando defraudaciones millonarias en trámites de devoluciones del impuesto sobre las ventas IVA ante la Dian.

El Ministerio Público solicitó la nulidad del fallo para que no se otorgue ninguna rebaja de la pena por allanamiento a cargos, hasta que el condenado no reintegre por lo menos el 50% del incremento patrimonial fruto de los delitos cometidos y garantice el pago del remanente.

La Procuraduría pidió de manera subsidiaria a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que se aumente la pena de prisión y la multa impuesta, aplicando correctamente las reglas de dosificación punitiva, además que la rebaja por el allanamiento a cargos no exceda los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, porque la Fiscalía General de la Nación contaba con los medios de conocimiento suficientes para llevar a juicio oral a los procesados.

Finalmente se solicitó la compulsación de copias para que el ente acusador investigue los demás hechos en los que puede estar incurso el procesado, que fueron cometidos en virtud de la coautoría impropia y que le fueran imputados fáctica y jurídicamente a otros procesados.

Proceso penal
La Procuraduría designó al procurador primero Judicial II Penal de Bogotá para que intervenga como agente especial dentro del proceso adelantado por la Fiscalía 54 Delegada ante el Tribunal Superior, Unidad Nacional de Investigación de Funcionarios Judiciales, en contra de una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Neiva, Huila, y otra abogada. A las dos capturadas el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, teniendo como finalidad el tráfico de estupefacientes y concusión, y a la exfiscal los delitos de falsedad en documentos públicos; prevaricato por acción y omisión y asesoramiento ilegal por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y pertenencia a una organización criminal.

Se impuso la medida de aseguramiento intramural a las imputadas.