Carlos Eduardo González - cgonzalez@larepublica.com.co Miércoles, 3 de mayo de 2017

Según esta Ley, estos voceros deben ser convocados a las sesiones en donde se discutan los proyectos, en los cuales pueden intervenir, pero no tendrán voto.

Según la entidad dirigida por Fernando Carrillo, la vocería no entrega derechos políticos de participación. “Se trata de una medida legítima que ingresa en el campo de la libertad de configuración legislativa para el normal debate parlamentario”, explicó la entidad.

“La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, dice el concepto que agregó que es lógico que la organización participe de los proyectos en los que se definirá su futuro.

“El Ministerio Público encuentra especialmente importante que se entregue a un órgano institucional que representa a las víctimas del conflicto, como es el Presidente de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, él deberá ser citado y ser escuchado. Ello materializa no solo deberes de democracia, sino que a su vez concreta una medida de justicia transicional”, dice el documento.

Cabe resaltar que este proceso lo lleva la magistrada Gloria Ortiz, quien solicitó tanto a la Cámara como al Senado explicar cómo se llevo a cabo todo el trámite de la Ley.