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Liz Margarita Matías Peña - mmatias@larepublica.com.co Miércoles, 15 de febrero de 2012

Como parte del saneamiento a los gobiernos municipales y departamentales, la Procuraduría General de la Nación adelantó una serie de sanciones encaminadas a esclarecer qué funcionarios incumplieron con sus compromisos, lo que dio como resultado que un grupo de alcaldes de distintas partes del país fueran sancionados.

El caso más reciente fue el de la alcaldesa encargada de Bojayá, Chocó, Yarlin Samira Chaverra, quien fue destituida e inhabilitada por 10 años. Según informó la Procuraduría, entre el 4 de noviembre de 2010 y el 11 de mayo del 2011, periodo en el que se desempeño en el cargo público, la funcionaria se encontraba inhabilitada para hacerlo, pues su hermana, Yasmira Chaverra, había fungido como secretaria de Hacienda hasta un día antes de su posicionamiento en la alcaldía de dicho municipio.

Es de esta manera que la entidad confirmó en fallo de segunda instancia la sanción a la ex funcionaria, al calificar la actuación como 'gravísima a título de dolo'. Según aclaró la Procuraduría, contra esta decisión no procede ningún recurso, lo que deja de esta manera agotada la vía gubernativa.

Otro de los casos de la semana fue el del ex alcalde de Palmar de Varela, Atlántico, Rafael Ángel Fontalvo, quien en su condición de mandatario local entre noviembre de 2007 y 2009, desconoció los derechos laborales del entonces gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la población, Jaime Alberto Álvarez, al declararlo insubsistente sin ninguna razón.

La decisión que tomó en su momento el alcalde llevó a que en segunda instancia la Procuraduría lo suspendiera e inhabilitara por nueve meses.

'La investigación disciplinaria se generó por la denuncia interpuesta ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla por parte del señor Álvarez, quien había sido nombrado para el citado cargo por un periodo fijo de dos años desde el 20 de noviembre de 2007. Argumentó en su denuncia que le informó personalmente al alcalde que su cargo no era de libre nombramiento y remoción, y que a pesar de esto fue declarado insubsistente en marzo de 2008', señaló la Procuraduría General en su informe.

Sanción a gobernador Designar docentes provisionales por fuera de la planta aprobada para el departamento, llevó a que Ariel Isaías Arteaga, quien se desempeñó como gobernador encargado de Córdoba, fuera destituido e inhabilitado por un periodo de 15 años por la Procuraduría.

Según la entidad, este hecho generó una 'evidente perturbación en el servicio público educativo del departamento, en la medida en que se sobrepasó el tope de la planta docente aprobada por el Ministerio de Educación, la cual es financiada con recursos del Sistema General de Participantes'.

Con esa contratación, Arteaga incumplió lo establecido en el artículo 107 de la Ley 115 de 1994, que establece que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ley.

'Los nombramientos ilegales no producen efecto alguno y el nominador que así lo hiciere, incurrirá en causal de mala conducta sancionable con la destitución del cargo. Los costos ilegales que se ocasionen por tal proceder generarán responsabilidad económica personal imputable al funcionario o funcionarios que ordenen y ejecuten dicho nombramiento', contempla la normativa. Al momento del nombramiento, el departamento no tenía los recursos para el pago, por lo que se declaró la insubsistencia de los cargos.

Antecedentes
Luego de un proceso disciplinario que se adelantaba en contra del ex alcalde de Cota, Cundinamarca, Néstor Guitarrero, por presunta indebida participación en política, la Procuraduría absolvió al funcionario. Según la entidad, no se pudo concluir que hubiera tenido intenciones de favorecer una aspiración política, luego de que se investigara por algunas denuncias.

 

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