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Colprensa jueves, 1 de marzo de 2012

La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, destituyó e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

El fallo, en primera instancia, se dio luego de que se adelantara un proceso en su contra por su presunta participación en política durante la pasada campaña electoral. 

La inhabilidad fue determinada por 12 años para ejercer cargos públicos. 
 
En su extensa argumentación, Carreño consideró que en la ciudad hubo constreñimiento electoral. 
 
"En las actas de seguimiento del Consejo Electoral se trató el tema del constreñimiento al elector con base en la información que entregó la MOE", explicó. 
 
Así mismo, hizo alusión a las denuncias sobre la supuesta relación algunos candidatos de las elecciones pasadas y los grupos delictivos. 
 
En su exposición, la procuradora delegada consideró que la manera en que actuó, el entonces mandatario, no era la adecuada "para conjurar" lo que estaba sucediendo. 
 
"El 7 de octubre luego de la publicación (en el periódico EL COLOMBIANO), el señor alcalde hace una serie de requerimientos a las autoridades... prácticamente da a entender que se quedó solo...en este caso el despacho encuentra que en el acompañamiento del proceso electoral estuvo la Fuerza Pública, la Procuraduría con las herramientas que tenemos...", expuso en la argumentación del fallo.  
 
La procuradora indicó que el Ministerio Público se pregunta por qué el mandatario en su momento no reveló las presuntas irregularidades cuando las conoció en septiembre y solo lo hizo hasta el mes de octubre. 
 
"En esta providencia se concluye que la afectación del orden público podía conjurarse con otras acciones". 
 
Así transcurrió el día  
  
La jornada, que comenzó pasadas las 9:30 de la mañana hasta un receso al mediodía y que se reanudó en la tarde de este miércoles, se centró en la explicación de los términos de la providencia por parte de la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño. 
 
Posteriormente, se hizo el resumen de los elementos probatorios y un análisis jurídico de la situación. 
 
A su llegada a la sede de la Procuraduría, Salazar Jaramillo se abstuvo de hacer declaraciones a los medios de comunicación, aunque en diversas ocasiones manifestó que tenía su conciencia tranquila.
 
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