martes, 30 de julio de 2019
El sistema de emergencia habría costado más de $2.000 millones según la Procuraduría
La Procuraduría General citó a audiencia pública al actual gobernador de Quindío y otros tres funcionarios por las irregularidades en la contratación e implementación de un sistema integrado de emergencia, que superó los $2.000 millones.
El gobernador Carlos Eduardo Osorio y tres de sus funcionarios tendrán que responder ante el ente de control por las posibles irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (Sies) y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones.
El gobernador Osorio; el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía, tendrán que explicar cómo se dio la adjudicación del contrato, que según la Procuraduría no contó con un proceso de licitación.
El ente de control advirtió que la ESU le habría entregado el contrato a una empresa que no tenía la capacidad técnica para operar el mismo.
Por último, la Procuraduría advirtió que mientras el gobernador habría cometido una "falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima".
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