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Ripe martes, 26 de noviembre de 2013

El anteproyecto que se aprobará a principios de 2014 ha provocado críticas por su falta de adecuación a la normativa comunitaria. La copia privada y las entidades de gestión son los puntos más conflictivos. 

La ampliación de los límites de la copia privada, la apertura a la gestión colectiva de derechos a nuevos operadores y el incremento de poder de la Comisión Sinde son las medidas más controvertidas introducidas en el anteproyecto para modificar la Ley de Propiedad Intelectual. 

Desde la aparición del texto, estos aspectos no han pasado desapercibidos para instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (Cgpj) que ha advertido, en un duro informe, de la necesidad de realizar modificaciones para ajustarlo a la legislación nacional y comunitaria. Luego fueron el Consejo de Consumidores y Usuarios y diferentes entidades de gestión las que se manifestaron en esta misma línea. 

Ahora, el anteproyecto está en manos del Consejo de Estado y, lo más probable, es que el informe que hará público a finales de noviembre ahonde en lo analizado por el Cgpj, ya que los cambios que se realizaron tras las conclusiones del poder judicial no han solucionado los problemas. 

“El anteproyecto nace tarado, introduce ingredientes cuestionables y olvida actualizar asuntos clave de la industria 2.0. El mejor ejemplo de tema problemático es que ha rebajado a la mínima expresión la copia privada. Este cambio, que supone un serio varapalo para los creadores, sólo puede justificarse porque desde diciembre de 2012 el Estado asumió el pago de este canon remitiéndolo a los presupuestos generales y pretende que el montante a pagar sea cada vez más liviano”, explica Rafael Sánchez Aristi, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dirección opuesta 

Esta variación legislativa no tendría mayores consecuencias si no fuera porque el Gobierno español está legislando en la dirección opuesta a la directiva europea de derechos de autor y de sentencias como las del caso Padawan y el caso Thuiskopie vs. Opus del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue), que indican que “el pago de la compensación equitativa por copia privada se tiene que remitir al que se beneficie de ella y no al conjunto de los contribuyentes”, añade Aristi.

Como indica este experto, lo más probable, es que si el anteproyecto se aprueba con su redacción actual, el asunto llegue al Tjue, ya sea por una cuestión prejudicial o por una denuncia contra el Estado de las entidades de gestión, por posible inadecuación al derecho comunitario. 

Sin duda, éste es el asunto más polémico, sin embargo, el anteproyecto también ha cosechado críticas en relación a los cambios relacionados con las entidades de gestión. “El texto marca procedimientos de transparencia para estas entidades -amplía el control sobre ellas-, pero también introduce un nuevo actor: los operadores en el mercado de la gestión colectiva. El problema de este cambio es que estos dos tipos de organismos no tendrán las mismas obligaciones, lo que podría generar problemas por competencia desleal. Las primeras no pueden tener ánimo de lucro, las nuevas sí; las entidades tradicionales serán sometidas a controles drásticos y las otras no. No es lógico que organismos con los mismos objetivos tengan reglas del juego diferentes”, comenta. 

Por último, el anteproyecto también amplia las capacidades de la Comisión Sinde y le permite actuar para “restablecer la legalidad” de los sitios que difundan obras sin autorización mediante bloqueos o asfixia económica de las web infractoras. 

Sin embargo, este cambio también podría contravenir normativas europeas relacionadas con la protección de datos y la libertad de expresión. Además, explica Aristi, “tampoco tiene sentido ampliar las facultades de un procedimiento poco útil y que, hasta el momento, ha dado muy pocos resultados”. 

Aciertos de la reforma 
Aunque la mayor parte de los actores que han opinado sobre el anteproyecto de ley han realizado críticas, Rafael Sánchez Aristi también encuentra aciertos en el texto.

“El legislador ha traspuesto en la norma directivas de la UE, como la de las obras huérfanas. Además, en su artículo 138, ha ampliado los posibles infractores de derechos de propiedad intelectual, incluyendo a los colaboradores indirectos, un aspecto que no existía y es esencial”. 

Por último, añade Aristi, “también ha introducido la posibilidad de realizar diligencias preliminares. De esta manera, los afectados podrán realizar las averiguaciones necesarias para realizar una demanda, algo que era imposible hasta ahora”.

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