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Adriana Martínez Miércoles, 10 de febrero de 2016

Pretenden generar pánico colectivo y reacciones de rechazo a cualquier iniciativa empresarial en torno a esta industria. Todo ello, sin mayor sustento y como una apreciación que se fundamenta en el número de hectáreas que han sido solicitadas o están contratadas en concesión por el Estado. 

Por ello, resulta muy interesante e ilustrativo lo dicho por el señor Ministro de Agricultura   respecto de la situación del sector agropecuario, en la que nos informó que “tenemos 7.100.000 hectáreas sembradas… la meta es crecer en 220.000 hectáreas durante 2016. El objetivo para los próximos tres años es sembrar un millón de hectáreas, y lo vamos a hacer”.

Aclaró que la tierra se distribuye en “44,5 hectáreas que son aptas para agricultura, ganadería y reforestación. Hay 7,1 millones sembradas. En reforestación hay poco menos de un millón de hectáreas y el resto, en pasturas, es decir, cerca de 36 millones de hectáreas”. Siendo así las cosas, debe quedar atrás la especulación sobre quién tiene hoy la tierra. Con información oficial se puede tener la dimensión correcta de los temas objeto de análisis.  No es factible seguir alegando una infundada amenaza a la seguridad alimentaria por parte de la industria extractiva, y es posible tener una discusión técnica,  para formular propuestas serias en relación con el uso del territorio.  A lo dicho por el Ministro es menester adicionar que de acuerdo con los datos que maneja la Agencia Nacional de Minería, sólo 39% de los títulos mineros se encuentra en fase de explotación, y  estos cubren 1.152.188 hectáreas, del territorio nacional.  ¿Por qué es importante mencionar la fase de explotación? Porque un porcentaje muy bajo de prospectos mineros, es decir, proyectos en fase de exploración, llegan a ser minas explotables. No se debe olvidar que cuando el Estado celebra con los particulares un contrato de concesión, el objetivo inicial es determinar si hay o no, un yacimiento minero que sea técnica y económicamente explotable. 

Deben realizarse trabajos de exploración técnica, con los alcances señalados en la ley de minas y sus reglamentos, los cuales toman años y recursos. No es posible decir que porque se tramitan 6.000 solicitudes y/o expedientes,  va a haber igual número de minas. La probabilidad de éxito es baja y se trata de una actividad de altísimo riesgo, consistente en que no se dé el hallazgo.  Las cifras a confrontar son 7.100.000 hectáreas sembradas, 44,5 millones aptas para sembrar, 36 millones en pasturas para ganado y 1.152.188 hectáreas cubiertas con títulos mineros en fase de explotación.

Algo similar sucede con el consumo de agua. Múltiples fuentes mencionan que se hace en 61% por la agricultura, 26% doméstico, 9% industrial, 3% uso pecuario y 1% sector servicios. La minería hace parte del uso industrial y en ese componente su impacto es marginal. 

Las cifras que publica la Upme  indican que con inclusión del agua extraída no consumida, en 2008 se alcanzó un consumo general de 35.877 Mm3. Para la minería, durante 2013, se dice que el consumo fue de 129.059.532 metros cúbicos equivalentes al 0,48% del agua consumida por todos los sectores de la economía.  Habrá a quienes aún les sorprendan estos números, porque por mucho tiempo han creído que la minería sí es responsable, pero con las cifras reveladas, no hay duda de quién tiene el mayor número de hectáreas de tierra hoy en Colombia.

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