jueves, 28 de noviembre de 2019
Un reflejo de esto es que 23% de la población declaró que en el último año algún funcionarios le había pedido una coima
La corrupción está instalada desde hace tiempo en América Latina como una de las principales preocupaciones de la población. En este sentido, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió el reporte ‘Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción’ en donde hizo recomendaciones para mejorar este flagelo que, según el Fondo Monetario Internacional, tiene un costo aproximado de 2% del PIB mundial.
Un reflejo de esto es que 23% de la población en las ciudades encuestadas declaró que en el último año algún funcionario público le había pedido una coima o pago informal para obtener un servicio o agilizar un trámite. Así mismo, ejecutivos y propietarios de empresas aseguran que pagan sobornos para adquirir contratos por parte del Gobierno.
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Para mejorar esto, la CAF propuso cuatro medidas para luchar contra la corrupción. La primera son reglas y control en la función pública. Es decir, usar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones y desarrollar las capacidades de investigación y administración de la justicia. En este sentido, según la entidad, 79% de los latinoamericanos considera que los jueces castigan la corrupción menos de lo necesario y resalta que Bogotá es la ciudad más inconforme con esa situación.
La segunda recomendación tiene que ver con los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política. Según la corporación, hay que fomentar sistemas electorales más competitivos y transparentes.
Por su parte, el tercer punto sugiere transparencia y monitoreo ciudadano. Crear sistemas de información de calidad y garantizar el acceso a la misma. Como cuarta sugerencia, la CAF recomendó mejorar la gobernanza de los intereses privados, es decir, fortalecer la institucionalidad contra pago de sobornos.
Los sectores más vulnerables a la corrupción son construcción, minería, servicios públicos y generación y transmisión eléctrica. “El análisis sugiere que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante, pero que aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios y asegurar la implementación efectiva de muchas de las medidas que se han propuesto”, aseguró Pablo Sanguinetti, vicepresidente de conocimiento de CAF.
En particular, dijo que es necesario invertir en las capacidades de los organismos que forman el ecosistema de las políticas de integridad como contralorías, tribunales electorales, fiscalías, cortes, agencias de administración del servicio civil, entre otros.
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