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Judicial

Recusan a siete magistrados de la JEP por previo conocimiento de proceso Mancuso

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz habrían firmado la resolución que aceptó la inclusión de Mancuso

07 de mayo de 2024

Lucas Martínez


La Jurisdicción Especial para la Paz
Colprensa
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Luego de que se impugnara el fallo de tutela que negaba la exclusión de Salvatore Mancuso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General de la Nación recusó a los siete magistrados que han conocido el trámite del proceso del exjefe paramilitar al interior de la JEP.

Además de esto, la entidad insistió en que se revoque su ingreso a ese sistema de justicia transicional.

Los magistrados recusados son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa y Danilo Rojas, quienes, según la Procuraduría, firmaron la resolución que aceptó la inclusión de Mancuso en la JEP. Además de ellos, también se encontraba Jesús Angel Bobadilla y Adolfo Murillo, “quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría, fallo que es objeto de la impugnación radicada”.

La impugnación fue radicada por la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la Procuraduría. Señalaron que los magistrados no serían imparciales para conocer y decidir sobre el recurso instaurado ya que en varios momentos han tenido conocimiento previo del proceso de aceptación del exparamilitar.

La Procuraduría finalizó señalando que “no puede afirmarse pues, que en tales condiciones exista objetividad y, por ende, imparcialidad en los honorables magistrados recusados para desatar la impugnación promovida, para adoptar una posición neutral, cuando han dejado claramente sentada su postura en uno y otro escenario”.

Respecto a la impugnación, indicaron que por esa negativa de excluir del sistema judicial a Mancuso varios procesos se encuentran suspendidos por decisión de la JEP de acoger el conocimiento de todos los procesos del exjefe paramilitar. Por lo que con la tutela se buscaba resarcir el daño causado a las víctimas mientras que la Corte Constitucional resolvía qué jurisdicción es la competente para continuar con los procesos.

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