• Sebastian Pinilla

viernes, 22 de junio de 2018

Fiscal de conocimiento llamó a empresarios gerlein echavarría a interrogatorio

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que existe una red nacional que operó en la compra de votos en las elecciones parlamentarias pasadas del Congreso de la República, donde habría más de 2.000 intermediarios que favorecieron candidaturas al Congreso.

El primer caso del cual habló fue la operación Casa Blanca, el cual operaba en Atlántico, esta organización funcionó al servicio de la senadora electa Aída Merlano y de la candidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás, quien no resultó elegida.

En este caso los implicados serían candidatos al Congreso: Aída Merlano y Lilibeth Llinás, Jorge Rangel y Margarita Balén, Diputados del departamento del Atlántico; Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, concejales del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Reyes, exconcejal y Vicente Támara, exconcejal del municipio de Soledad.

También se informo que se financiaba de cheques girados por personas naturales y contratos de prestación de servicios con entidades de la región.

El fiscal de conocimiento llamó a interrogatorio a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización.

En Medellín, la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara, reelegida al Congreso, ofreció a los votantes, de manera subsidiada viajes a San Andrés por un valor de $120.000 tabletas por un valor de $30.000 y televisores de 49 pulgadas por un valor de $350.000 como pago simbólico por el voto.

Las personas implicadas fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña y Elizabeth Jaramillo, quienes habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata.

En el caso de Bogotá, Julián Gutiérrez, contratista de Integración Social, presuntamente exigía a profesoras de jardines de Kennedy votar por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que si no lo hacían no se les renovaba el contrato.

Este tipo de denuncias recibieron críticas de los analistas. Tal es el caso de Carlos Arias, analista político quien afirmó que “el Fiscal describe prácticas conocidas por los medios de comunicación y por todos aquellos que se involucran en dinámicas electorales. Sin embargo, sus denuncias no permiten establecer cuáles son las redes que se tejen alrededor de esa práctica y se limita a presentar algunos nombres que deja a la picota pública porque en su listado no allega las pruebas”.

María Fernanda Cabal al tener conocimiento del informe respondió a las acusaciones diciendo que rechaza de manera enfática “la información en la que se menciona mi nombre como parte de un entramado que pretendió forzar a profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy a votar por el señor Diego Caro y por mi, al Senado”.