Registraduría
miércoles, 28 de junio de 2023
El ente firmó un acuerdo de cooperación con la Uiaf con el fin de proteger las próximas elecciones de posibles ingresos ilegales
Registraduría habilitó la inscripción de cédulas para las elecciones del 29 de octubre
El registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, anunciaron la firma de un convenio interadministrativo de cooperación, el cual tiene como fin blindar las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre, de la posible infiltración de dineros ilícitos en la financiación de las campañas.
El Registrador afirmó que desde la entidad pondrán a disposición toda la tecnología y las bases de datos necesarias para asegurar la rápida detección de posibles ingresos económicos provenientes del narcotráfico o grupos armados a las campañas políticas durante el proceso electoral.
“Vamos a compartir nuestras bases de datos con fines investigativos para evitar que dineros ilícitos intervengan en las campañas, también se busca impedir que familiares de candidatos sean usados para operaciones ilegales. Voto libre y transparente sobre todo en regiones que están incluidas en el mapa de riesgo electoral”, indicó Vega Rocha.
En cuanto a la Uiaf, su director general, Luis Eduardo Llinás, celebró la firma de dicho convenio y aseguró que con esta cooperación brindarán una mayor seguridad a las elecciones en el país.
"La Unidad viene trabajando de la mano con todas las autoridades de la Comunidad de Inteligencia y de la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito y así blindar las próximas elecciones regionales, para que la ciudadanía pueda votar con la mayor tranquilidad", expresó Llinás.
La Registraduría indicó además que su tecnología, en conjunto con la que la Uiaf brindará como apoyo, será de vital importancia para el objetivo. El ente también será clave para revisar todo tipo de alarma frente a cualquier posible financiación ilícita, algo que de comprobarse tendrá sanciones administrativas e investigaciones de tipo penal con procesos ante la Fiscalía.
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