En el arranque del Gobierno De la Espriella, un líder social fue asesinado cada 2,2 días

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Aunque el Gobierno celebra que su promesa de seguridad se ha traducido en varias capturas y golpes contra estructuras criminales, el cierre de los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en la Presidencia también deja 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, ocho firmantes de paz muertos y 26 masacres con 87 víctimas. En otras palabras, desde el 7 de agosto un líder social ha sido asesinado cada 2,2 días en promedio.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, del total de líderes sociales asesinados, 36 eran hombres y nueve eran mujeres. A esto se sumó que la mayoría de los casos se concentró en Cauca, con 11, y en Antioquia, con ocho; seguidos de Putumayo, con cuatro, y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander, con tres cada uno. Sin embargo, en 44 de los casos no se ha identificado al presunto autor.

Más de la mitad de los asesinados eran líderes comunitarios o comunales; es decir "personas que gestionan necesidades cotidianas, interlocución con instituciones y resolución de conflictos locales", señaló Indepaz, que también registró siete líderes indígenas asesinados.

Para la organización, cada uno de estos crímenes debilita los procesos de sus comunidades y siembra temor entre otros líderes; además de que enfatizó que la concentración de los ataques en Cauca y Antioquia "debe examinarse junto con disputas armadas, economías ilegales, pretensiones de control social por los actores armados y debilidad de garantías de protección por el Estado".

Según el reporte, quienes dejaron las armas también siguen expuestos, pues en el periodo analizado fueron asesinados ocho firmantes de paz, todos hombres. Dos casos ocurrieron en Nariño, dos en Cauca y uno en departamentos como Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo. Al respecto, Indepaz advirtió que "el asesinato de una persona firmante compromete mucho más que la seguridad individual: afecta la confianza en la reincorporación".

A esos asesinatos se suman 26 masacres que dejaron 87 víctimas, cinco de ellas menores de edad. Valle del Cauca fue el departamento más afectado, con seis hechos y 18 víctimas; seguido de Antioquia y Tolima, con tres cada uno, y Huila, con dos. No obstante, en estos dos últimos territorios, las víctimas alcanzaron 12 y 10, respectivamente.

En otro de los frentes de la violencia, miles de personas se vieron obligadas a abandonar su casa: solo entre agosto y septiembre se registraron 17 desplazamientos, de los cuales 13 fueron masivos y afectaron a 6.667 personas. Más de la mitad estaban en Cauca (3.474), mientras que el restante se encontraban ubicasos en Chocó (1.609), Antioquia (739) y Bolívar (424). Según los reportes, 63,7% del las personas afectadas huyeron por combates entre grupos armados.

De hecho, estos enfrentamientos dejaron 43 uniformados asesinados y 219 heridos, según balances del Ministerio de Defensa. En cuanto a la ofensiva del Estado, el informe documenta ocho bombardeos que, según Indepaz, pueden estar permitidos pero su legalidad "no es automática". "La existencia de un objetivo militar no elimina la obligación de proteger a los menores ni autoriza ataques indiscriminados", afirmó la organización.

Pero no solo eso. Indepaz señaló que recibió seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales: Donovan Balanta Paz (Bogotá), Ricardo Andrés Rodríguez Martínez (Santa Marta), Luis Carlos Mojica Guzmán (La Macarena, Meta), Luis Alfredo Chocó Echeverry (Villa Rica, Cauca), Keiner Banguera Mancilla (El Charco, Nariño) y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada (Meta), ocurridos entre septiembre y octubre.

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"Colombia ya vivió las consecuencias de esta lógica con los llamados falsos positivos, cuando civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Esa historia no puede repetirse", señaló la organización, que pidió a la Fiscalía y a los organismos de control investigar cada caso.

Con todo, el Observatorio aclaró que lo ocurrido en estos 100 días no puede atribuirse automáticamente al actual Gobierno, pues también responde a conflictos que vienen de años atrás. No obstante, ecordó que al Estado le corresponde prevenir estas violencias, pues "la seguridad no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bombardeos o bajas en combate".