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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co jueves, 12 de agosto de 2021

En una carta firmada por 20 congresistas aseguran que la funcionaria desconoció e incumplió con funciones propias de su cargo

Un grupo de 20 representantes presentaron una solicitud de moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el contrato fallido de llevar internet a colegios rurales por medio de una licitación.

Entre los que firman la petición están: María José Pizarro, David Racero, Katherine Miranda, Mauricio Toro, Ángela María Robledo, Juanita Goeberturs, Luis Alberto Albán y León Fredy Muñoz.

La petición de moción de censura fue presentada a la presidente de la Cámara de Representante, Jennifer Arias, en virtud de lo establecido en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 30 numeral 2 de la ley 5 de 1992.

"Consideramos que la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Dra. Karen Abudinen Abuchaibe desconoció y, por ende, ha incumplido con las funciones propias de su cargo las cuales se encuentran establecidas en el Decreto 1064 de 2020 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y la Resolución No. 00177 del 2021 “Manual de Funciones y de Competencias Laborales 2021 del Ministerio de las TICs”, indica la carta.

Los representantes explicaron que la moción de censura contra la ministra Abudinen busca analizar las siguientes funciones que tiene asignada:

1. Otorgar licencias, concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la provisión de redes y servicios de comunicaciones, así como autorizar sus modificaciones, prórrogas, renovaciones y cesiones, de acuerdo con la normatividad vigente (numeral 9 del artículo 5 del Decreto 1064 de 2020).

2. Dirigir las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con los procesos y procedimientos vigentes establecidos.

3. Liderar la vigilancia de la ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio y al Fondo Único TIC.

4. Dirigir la estructuración de mecanismos de financiación, promoción e incentivos al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para financiar planes, programas y proyectos acorde a las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definidas en el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 modificado por la Ley 1978 de 2019 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

5. Imponer las sanciones legales por el incumplimiento al régimen de telecomunicaciones y servir de segunda instancia como jefe inmediato cuando así sea.

"A pesar de todas las polémicas que envolvían a las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, la ministra aseguró en entrevista a W Radio el 10 de diciembre de 2020 que los consorcios ganadores habían sido seleccionados no por su experiencia, sino por ofrecer la mayor cantidad de centros digitales, que cumplían absolutamente con todos los requisitos pedidos por el proceso de licitación y que el proceso de licitación se había llevado a cabo con absoluta transparencia. Frente a la participación de la Unión Temporal Ses Inred en el proceso de licitación, cuya oferta no fue aceptada por no alcanzar el puntaje requerido, aseguró que no estaba dentro de sus facultades deshabilitar a un operador", señalan los representantes en la exposición de motivos de la solicitud de moción de censura.

Los congresistas enfatizaron que por lo expuesto en el documento, la ministra de las TIC debe ser retirada de su cargo "por llevar a cabo un proceso de licitación plagado de señalamientos e irregularidades, situaciones ante las que la ministra no acepta responsabilidad alguna".

Y agregaron: "No es aceptable que para un contrato superior al billón de pesos haya tenido que ser una entidad privada completamente ajena al Ministerio como lo es el Banco Itaú la que haya alertado sobre la falsedad de documentos tan importantes como las garantías bancarias diseñadas justamente para compensar al Ministerio, y por ende a la Nación, en caso de que el contratista no cumpliese con sus obligaciones".

Por último, indicaron que la Ministra debe asumir su responsabilidad política en un caso que ya calificaron como "corrupción". Y puntualizaron que además de los recursos entregados al operador está en riesgo la conectividad de las zonas rurales.

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