martes, 1 de octubre de 2019
La entidad advierte que pese a que disminuyó el riesgo, en Chocó, Antioquia, La Guajira y Valle del Cauca, la alerta ha aumentado
La puerta a empresas criminales electorales debe ser cerrada, anunció el Procurador
En 152 municipios del país existe un alto riesgo de violencia política y de fraude electoral de cara a la jornada democrática que se desarrollará el próximo 27 de octubre, según indica el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE).
De esta manera, 40 municipios se encuentran en riesgo extremo por diferentes factores, siendo Antioquia (32), Chocó (22) y Nariño (16) los departamentos con más espacios territoriales en alerta. Sin embrago, este número es mucho menor que en las pasadas elecciones debido a que había 19 más.
La MOE advierte que pese a esta disminución en los niveles de riesgo, en Chocó, Antioquia, La Guajira y Valle del Cauca, esta alerta ha aumentado y por esta razón hizo un llamado a que se haga más presencia del Estado en estas zonas, no solo la presencia institucional durante las elecciones sino que pidió crear una estrategia integral en beneficio de las comunidades.
“Si miramos los datos históricos venimos en una disminución de municipios con factores de riesgo. Sin embargo, la disminución este año es inferior a lo esperado respecto de lo logrado en anteriores elecciones. Por ejemplo, mientras que de las elecciones locales de 2015 a las nacionales de 2018 en 128 municipios desaparecieron riesgos de violencia, de 2018 a 2019 la disminución es solo de cinco municipios”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
El informe de la entidad insiste en que en el país hay 50 municipios en alto riesgo de violencia política siendo departamentos como Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca donde más existe la posibilidad de que los candidatos sean atacados por el desempeño de su actividad política.
“En estos municipios no solo es pertinente una labor específica de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral, para perseguir los delitos e irregularidades electorales, sino también una labor a mediano plazo de la Registraduría Nacional, el Ministerio del Interior, las autoridades locales y los Partidos políticos para proveer a testigos, jurados de votación, campañas y ciudadanía la información suficiente sobre lo que se debe y no se debe hacer en una contienda electoral, ya que solucionar los comportamientos observados en estos municipios van más allá de solo contemplar salidas punitivas”, agregó Barrios.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
