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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co jueves, 10 de septiembre de 2015

El primer golpe se dio el 10  de junio de este año, cuando la SIC rechazó por considerar  agotada la vía gubernativa una solicitud de adición y aclaración contra la resolución 23709 de 13 de mayo de 2015, posterior el 22 de junio rechazó por extemporáneo un recurso de reposición contra la decisión de sanción. 

No siendo suficiente, el primero de agosto, la Procuraduría General de la Nación solicitó una unificación de los criterios de las reglas de procedimiento fijadas en el marco de la investigación pues se habría “vulnerado garantías y derechos fundamentales al derecho de defensa y el debido proceso” pero la SIC hizo caso omiso porque la Procuraduría solo le puede emitir consideraciones no ordenes.

Esta semana salió el fallo que  declaró improcedente el amparo de tutela con el que se alegaba la violación al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Este cuarto round se protagonizó en el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Sección Segunda, en el que el juez Jhon Álvaro Velasco, definió que la SIC actuó conforme a derecho al aplicar el Código Contencioso Administrativo, por ser esta norma la vigente al momento de iniciarse la averiguación preliminar y no la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, el despacho  no accedió a lo pretendido  y determinó que el término para interponer el recurso era de 5 días y no de 10, como lo solicitaban los investigados.  También se desestimó que se haya vulnerado el derecho al acceso de justicia y aclaró que la acción de tutela es improcedente por la existencia de otros medios defensa judicial.

La organización ya canceló la multa a la entidad pero seguirá enfocando sus esfuerzos para que la decisión se revoque.  “Esperamos que se revoque esta decisión porque es una injusticia, iremos hasta las últimas instancias”, dijo Rodríguez. 

El empresario agregó que la organización se ha afectado considerablemente, especialmente, con el flujo de caja, los cupos de crédito y la reputación que ha creado una firma de  50 años.

Lo que seguiría ahora es la búsqueda de un fallo de segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

Por su parte, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, expresó que la entidad seguirá defendiéndose. “Siempre una sanción genera dificultad de pago para las empresas pero ello es consecuencia de infringir la ley”.

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