Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá sobre el decreto de la consulta popular
La Corte Constitucional ha dictado varias medidas para asegurar la transparencia y la participación en este debate
24 de junio de 2025
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La Sala Plena de la Corte Constitucional ha implementado la supervisión judicial sobre el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, emitido por la Presidencia de la República, que promueve una consulta popular a nivel nacional. Este procedimiento, llevado a cabo bajo las potestades establecidas en el artículo 241, numeral 3, de la Constitución Política, tiene como objetivo establecer la constitucionalidad de la convocatoria, centrándose principalmente en posibles defectos de procedimiento.
El fallo emitido por el juez Jorge Enrique Ibáñez Najar, recibido el 12 de junio en la Secretaría General del Tribunal, señaló el comienzo oficial de esta revisión. El decreto emitido por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, permitió que el asunto se presentara de inmediato en la Sala Plena.
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En el proceso, la Corte Constitucional ha dictado varias medidas para asegurar la transparencia y la participación en este debate. La puesta en marcha del procedimiento se informará a la Presidencia de la República y a todos los ministros que firmaron el decreto, proporcionándoles la posibilidad de intervenir y exponer las razones que, según su criterio, hacen que la norma sea compatible con la Constitución.
Adicionalmente, el proceso será fijado en lista en la Secretaría General de la Corte, permitiendo que cualquier ciudadano pueda intervenir por escrito para defender o impugnar la norma objeto de revisión. El Procurador General de la Nación también será trasladado para rendir su concepto.
La Corte ha invitado a instituciones como la Universidad de Los Andes, Externado, Nacional, Javeriana, del Norte y Sergio Arboleda, así como a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, se ha solicitado el concepto técnico de un selecto grupo de reconocidos expertos juristas, incluyendo a exmagistrados de la Corte Constitucional.
Todas las actuaciones del proceso podrán ser realizadas utilizando las nuevas tecnologías, conforme a lo establecido en la Ley 2213 de 2022, garantizando así la eficiencia y accesibilidad del procedimiento.
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