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Actualidad

Samuel Moreno, con pliego de cargos por malos contratos

08 de julio de 2014

Natalia Arteaga


Canal de noticias de Asuntos Legales

El nombre de Samuel Moreno vuelve y juega en el plano legal. Esta vez por las presuntas irregularidades que habría encontrado Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador General de la Nación, en la forma como se realizó la cesión del contrato 137 de 2007, uno de los convenios mediante los que se adecuaría la calle 26 al Sistema de Transmileno en Bogotá.

Tras encontrar la posible irregularidad, el ente público formuló pliego de cargos contra el exfuncionario y contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, quien se desempeñó en este cargo para la época. El material recaudado por la Procuraduría incluye testimonios entregados en otras investigaciones que lleva a cabo la justicia penal en el caso del carrusel de la contratación.

El contrato que se suscribió por un monto de $315.580 millones, con un plazo estimado de 86 meses y un anticipo equivalente a 30%, registró incumplimientos que fueron de conocimiento para ambos implicados, dando lugar al estudio de alternativas tales como la caducidad o la cesión del mismo, solución por la que finalmente optó el IDU.

Señala el documento emitido por la entidad que la cesión al parecer, se realizó con maniobras de amenazas y engaños al cedente, encausadas, entre otros, a través de funcionarios del IDU, en particular de su líder, lo que demuestra, hasta este momento procesal, el interés ilegítimo, tanto del exalcalde mayor de Bogotá, como de Pardo Gaona, en que se cediera el contrato a quienes ellos habían previsto con anterioridad.

El contrato cedido fue objeto de modificaciones que generaron el cambio en el plazo de ejecución; y el incremento en su valor.

Se encontró además que todas estas modificaciones generaron sobrecostos que sumaron alrededor de $190.270 millones, monto del cual se benefició el Grupo Empresarial Vías de Bogotá, que recibió este dinero por la cesión del mismo.

El presupuesto correspondía al IDU y a los fondos de Transmilenio, es decir, constituían bienes del Estado.

Así mismo, se habría repotenciado el contrato en más de $150.000 millones con la singularidad de que la firma concesionaria no cumplía con los requisitos de ley, por cuanto los balances financieros no respondían a los parámetros fijados por la organización liderada para el momento de la cesión por Pardo Gaona.

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