Esto se traduce en que tendrá que pagar $6.983 millones a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
La decisión se adoptó en razón a que la primera empresa no transfirió las licencias de software, y documentos técnicos ni tampoco brindó la asistencia necesaria para su implementación, una vez terminado el contrato de concesión de limpieza que adelantaba en Bogotá desde el 26 noviembre de 2013.
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