Ahora, el presidente Juan Manuel Santos anunció su respaldo a esta reforma constitucional, por el alto costo que representa para el Estado el mantenimiento de las entidades territoriales.
Las 63 contralorías regionales le cuestan a la Nación $250.000 millones, mientras que la recuperación de recursos que logran es de apenas $1.500 millones. Por este motivo, el jefe de estado expresó que es “físicamente imposible tener un buen control fiscal”, con cada entidad trabajando de manera independiente en su región.
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