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Martes, 10 de diciembre de 2013

La estampilla ProUniversidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales del país es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales, que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo. Tal contribución tendrá un término para su recaudo de 20 años.

Además, la estampilla ProUniversidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo.

La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla se realizará de la siguiente manera: durante los primeros 5 años, a partir de la promulgación de la presente ley, el 70% del recaudo se transferirá a de Colombia y 30% restante a las demás universidades estatales del país. A partir del sexto año, el 30% de lo recaudado se transferirá a de Colombia y el 70% a las demás universidades estatales del país.

Los recursos que se recauden mediante la estampilla se destinarán prioritariamente a la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria y a los estudios y diseños requeridos para esta finalidad; además de la dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, apoyo a programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios de las universidades estatales del país. Propendiendo siempre con estos recursos por la disminución de los costos por matrícula de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Para ello, los Consejos Superiores de las universidades estatales definirán los criterios técnicos para la aplicación de esta directriz.

Está constituido por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en 80 de 1993, artículo 32 numeral 2.

Sin embargo, quedan incluidos los contratos de obra suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta.

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