Se emitió el decreto 104 que marcó inicio al Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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El Gobierno Nacional de Colombia ha emitido el Decreto 104 del 28 de enero de 2025, marcando el inicio de la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Esta nueva estrategia busca consolidar un sistema más eficiente y coordinado para prevenir daños antijurídicos y mejorar la gestión de los litigios que involucran al sector público.

El Sistema de Defensa Jurídica del Estado se establece en virtud del Artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las instituciones estatales para enfrentar procesos judiciales y reducir el impacto fiscal causado por indemnizaciones y otras obligaciones judiciales. A través de este decreto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asume el rol de entidad coordinadora, liderando diversas estrategias orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la gestión de litigios en el país.

Uno de los objetivos principales de esta nueva normativa es fortalecer las capacidades institucionales de todas las entidades públicas en materia de defensa jurídica. Esto se logrará mediante la formación continua y la actualización de los abogados defensores del Estado, asegurando una defensa más eficiente y profesional en todos los niveles del gobierno.

Además, se busca establecer estándares de gestión eficiente en la defensa jurídica estatal, lo que permitirá mejorar la calidad de los procesos judiciales en los que el Estado está involucrado.

Otro aspecto clave de la estrategia es la reducción del impacto fiscal derivado de los litigios. Con el fortalecimiento de la defensa jurídica y la mejora en la gestión de litigios, se espera una disminución en los costos asociados a indemnizaciones y otras obligaciones judiciales, contribuyendo así a la estabilidad del presupuesto público.

Una de las principales innovaciones del sistema es su enfoque territorial. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trabajará directamente con las entidades territoriales para brindarles asesoría y apoyo en la gestión de sus litigios. Este acompañamiento será gradual y progresivo, asegurando que las administraciones locales cuenten con las herramientas necesarias para mejorar la toma de decisiones y optimizar su defensa ante los tribunales.

Para facilitar la implementación del sistema, se centralizará la información sobre los litigios territoriales en el Sistema eKOGUI, una plataforma digital que permitirá a las entidades públicas acceder a datos actualizados y precisos sobre los casos judiciales en curso.