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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co jueves, 10 de septiembre de 2015

Entre ellas se encuentran las prestadoras de energía de las alcaldías de Quibdó, Lloro, Cantón de San Pablo o importantes compañías como Celsia, Cemex Energy, Compañía de Electricidad el Cauca, o las electrificadoras de Mapiripán, Santander o El Caribe. 

Dicha medida, como consecuencia de no haber realizado la actualización de información durante 2015, que de acuerdo a la ley debe realizarse por lo menos una vez al año antes del 1 de febrero de cada vigencia.

 En este sentido, la Superservicios instó a los prestadores a que efectúen la actualización respectiva o se proceda a solicitar la cancelación del registro de la empresa en el Rups.

  En caso de no recibir información alguna por parte de las empresas, la superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible procederá a efectuar la cancelación de oficio de conformidad con lo establecido en las resoluciones mencionadas. “La implicación directa es que la empresas que no están inscritas en el Rups no pueden prestar legalmente servicios”, aseguró Patricia Duque, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. La solicitud de cancelación se da, explicó la funcionaria, entre otros aspectos, porque las empresas no existen o han cambiado de razón social por procesos de fusiones.

Ricardo Herrera, socio de Herrera Cardozo Asociados y especialista en servicios públicos, explicó que dicho registro no es constitutivo de la calidad del servicio sino que es una obligación.

“Se puede evidenciar que probablemente muchas de estas empresas son de papel y que nunca hicieron nada y  otras que quizás si prestaron servicio pero dejaron de hacerlo. Pero en principio ninguno de ellos es un prestador, porque si en realidad lo fuera se tendría que adelantar un proceso administrativos con sanciones por no reportar la información como lo indica la ley”, agregó Herrera.

Eso sí, agregó William Tabares, abogado experto en servicios, la lista es más larga pues “hay muchos municipios son prestadores y no están registrados en el Rups y eso impide que la Superintendencia controle la prestación del servicio”.

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